La sombra de los cultivos de coca

Los cultivos ilícitos de coca, y tanto más su dramático crecimiento en los últimos tiempos, siguen siendo uno de los retos más complejos para el presente y el futuro del país. Desde Estados Unidos la administración de Donald Trump ha señalado su interés en presionar para retomar las fallidas e ineficientes fumigaciones aéreas, y aunque el Gobierno se mantiene en su decisión, no hay a la vista soluciones contundentes para este problema.

En un tono bastante molesto y característico de la actitud del nuevo residente de la Casa Blanca, el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, dijo hace unas semanas que “les hemos dicho (a la administración de Juan Manuel Santos) que tenemos que volver a la aspersión (aérea), tenemos que volver a destrozar estos campos”. En un discurso más conciliador, el embajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, explicó en Caracol Radio que “la figura de la fumigación a nuestro juicio fue segura y eficaz, y voy a mantener esa posición, porque así fue. La decisión por parte de Colombia de dejar de fumigar es una decisión soberana y hay que respetarla”.

Sin embargo, lo claro es que en Estados Unidos están muy preocupados por el aumento de los cultivos. Whitaker dijo en la misma entrevista que “la cantidad de cocaína, resultado de cualquier monto de hectáreas que habrá, va a seguir aumentando (en Colombia) porque hay una cantidad de sembradíos de coca en el país que son muy jóvenes”.

Pese a que coincidimos con el diagnóstico, EE. UU. persiste en una solución inútil. Lo explicó Rafael Pardo al reiterar que la posición del Gobierno sobre las fumigaciones no tiene vuelta de hoja: “Se demostró durante tanto tiempo la inefectividad de la aspersión aérea. El año que más aspersión hubo fue 2007, y fue en el que más crecieron los cultivos de coca; entonces, lo que hay que mirar es efectividad”.

Lo propio dijo el vicepresidente Óscar Naranjo, quien durante años lideró la lucha contra la coca y la fumigación aérea: “Durante 18 años Colombia intervino dos millones de hectáreas con tareas de erradicación y la reducción máxima obtenida fue de 100.000 hectáreas sobre una base de 160.000; nunca pudimos, a pesar de ese esfuerzo, porque había una resiembra permanente”.

La pregunta, entonces, es qué hacer. El Gobierno insiste en que tiene 85.000 familias interesadas en entrar al programa de sustitución, que para este año ha prometido erradicar 100.000 hectáreas, la mitad por sustitución y la otra mitad de manera forzosa. No obstante, el proyecto todavía no ha mostrado los resultados esperados y son muchos los obstáculos en el camino, pese al apoyo de inteligencia prometido por las Farc para llegar a donde el Estado no tenía acceso previamente.

En entrevista con El Espectador, Camilo González, director de Indepaz, dijo que todos los mecanismos de erradicación han fracasado y lo seguirán haciendo a menos que se ataque a los grandes beneficiarios del narcotráfico y se brinden más oportunidades a los campesinos. Para lo anterior, además del compromiso del Gobierno, sería extremadamente útil que el gobierno de Estados Unidos ayude a financiar estos esfuerzos que no son menores, y que toman tiempo, pero que pueden ofrecer una salida sólida y perdurable al problema de la coca. Tampoco sobra recordar que el narcotráfico no sólo depende de la oferta, que nos pertenece, sino de la demanda, de lo que poco se habla desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Algo tiene que hacerse. Llevamos demasiados años de experimentos fallidos que a duras penas han logrado mantener el problema a raya. Lo claro es que no podemos seguir nadando en coca. Cómo hacerlo es una pregunta para los líderes políticos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Los cultivos ilícitos de coca, y tanto más su dramático crecimiento en los últimos tiempos, siguen siendo uno de los retos más complejos para el presente y el futuro del país. Desde Estados Unidos la administración de Donald Trump ha señalado su interés en presionar para retomar las fallidas e ineficientes fumigaciones aéreas, y aunque el Gobierno se mantiene en su decisión, no hay a la vista soluciones contundentes para este problema.

En un tono bastante molesto y característico de la actitud del nuevo residente de la Casa Blanca, el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, dijo hace unas semanas que “les hemos dicho (a la administración de Juan Manuel Santos) que tenemos que volver a la aspersión (aérea), tenemos que volver a destrozar estos campos”. En un discurso más conciliador, el embajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, explicó en Caracol Radio que “la figura de la fumigación a nuestro juicio fue segura y eficaz, y voy a mantener esa posición, porque así fue. La decisión por parte de Colombia de dejar de fumigar es una decisión soberana y hay que respetarla”.

Sin embargo, lo claro es que en Estados Unidos están muy preocupados por el aumento de los cultivos. Whitaker dijo en la misma entrevista que “la cantidad de cocaína, resultado de cualquier monto de hectáreas que habrá, va a seguir aumentando (en Colombia) porque hay una cantidad de sembradíos de coca en el país que son muy jóvenes”.

Pese a que coincidimos con el diagnóstico, EE. UU. persiste en una solución inútil. Lo explicó Rafael Pardo al reiterar que la posición del Gobierno sobre las fumigaciones no tiene vuelta de hoja: “Se demostró durante tanto tiempo la inefectividad de la aspersión aérea. El año que más aspersión hubo fue 2007, y fue en el que más crecieron los cultivos de coca; entonces, lo que hay que mirar es efectividad”.

Lo propio dijo el vicepresidente Óscar Naranjo, quien durante años lideró la lucha contra la coca y la fumigación aérea: “Durante 18 años Colombia intervino dos millones de hectáreas con tareas de erradicación y la reducción máxima obtenida fue de 100.000 hectáreas sobre una base de 160.000; nunca pudimos, a pesar de ese esfuerzo, porque había una resiembra permanente”.

La pregunta, entonces, es qué hacer. El Gobierno insiste en que tiene 85.000 familias interesadas en entrar al programa de sustitución, que para este año ha prometido erradicar 100.000 hectáreas, la mitad por sustitución y la otra mitad de manera forzosa. No obstante, el proyecto todavía no ha mostrado los resultados esperados y son muchos los obstáculos en el camino, pese al apoyo de inteligencia prometido por las Farc para llegar a donde el Estado no tenía acceso previamente.

En entrevista con El Espectador, Camilo González, director de Indepaz, dijo que todos los mecanismos de erradicación han fracasado y lo seguirán haciendo a menos que se ataque a los grandes beneficiarios del narcotráfico y se brinden más oportunidades a los campesinos. Para lo anterior, además del compromiso del Gobierno, sería extremadamente útil que el gobierno de Estados Unidos ayude a financiar estos esfuerzos que no son menores, y que toman tiempo, pero que pueden ofrecer una salida sólida y perdurable al problema de la coca. Tampoco sobra recordar que el narcotráfico no sólo depende de la oferta, que nos pertenece, sino de la demanda, de lo que poco se habla desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Algo tiene que hacerse. Llevamos demasiados años de experimentos fallidos que a duras penas han logrado mantener el problema a raya. Lo claro es que no podemos seguir nadando en coca. Cómo hacerlo es una pregunta para los líderes políticos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.