La tensión pendiente en la lucha contra la contaminación

Que la reacción a un decreto cuyo fin era proteger la salud de los ciudadanos de la capital del país sea bloquear vías no es un buen síntoma para los debates que se aproximan sobre cómo tomar medidas para combatir la contaminación y la emergencia climática. La Alcaldía de Bogotá no debe desfallecer en sus esfuerzos por mejorar el aire de la ciudad y forzar cambios en los vehículos que circulan por sus vías. El Gobierno Nacional y otros entes territoriales deberían unirse a esta batalla.

Bogotá estuvo once días en alerta amarilla por contaminación del aire. Las alarmas ambientales se prendieron, pues los niveles de contaminación estaban poniendo en riesgo la salud de todas las personas que viven en la capital. Como respuesta, la Alcaldía de Claudia López expidió el decreto 047 del 2020 que restringió temporalmente los vehículos de carga con un año de modelo superior a los diez años, impidiéndoles circular en un polígono definido en el suroccidente de Bogotá. El resultado fue exitoso: según la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, “gracias a las medidas preventivas, al clima y al viento, la disminución del material particulado ha sido del 28 % en la estación Carvajal-Sevillana y del 47 % en el resto de la ciudad”.

Aunque ese decreto ya se levantó, en la capital sigue rigiendo el decreto 840 de 2019, firmado por el exalcalde Enrique Peñalosa, que restringe la movilidad de los vehículos de carga con más de veinte años de antigüedad. El motivo es claro: el alto grado de contaminación que producen son un riesgo innecesario para los capitalinos.

Aunque la Alcaldía actuó como es debido, una parte del gremio de conductores de vehículos de carga mostró los dientes. El lunes, Bogotá amaneció con al menos siete vías colapsadas por culpa de bloqueos de un grupo de camioneros y volqueteros. Exigían reparación por las pérdidas millonarias al no poder circular en la capital.

Esto deja de presente una tensión por resolver. El parque automotor colombiano está plagado de vehículos antiguos que no cumplen con los estándares ambientales. La falta de actualización contribuye a la contaminación y a los riesgos de salud. Por eso, como dijo Urrutia, “este no es un problema de alertas ambientales solamente sino de políticas estructurales”. Si las normativas ambientales siguen aumentando en rigidez y las autoridades son juiciosas en aplicarlas, ¿la respuesta seguirá siendo el bloqueo terco de vías?

Las medidas ambientales son un punto álgido en los debates de varios países. En Francia, el impuesto al combustible desestabilizó al país y tiene al gobierno de Emmanuel Macron en problemas. Que haya respuestas negativas, sin embargo, no significa que la solución es abandonar las regulaciones. La emergencia climática y la protección del medio ambiente requieren medidas útiles que, con contundencia, cambien nuestras peores prácticas contaminantes.

El reto ahora, entonces, es que la Alcaldía, el Gobierno Nacional y los demás entes territoriales avancen en el uso de restricciones para forzar una actualización de la flota. Este proceso debe ir acompañado de conversaciones con el gremio de transportadores para identificar sus necesidades y crear incentivos. Lo que no será negociable es que Colombia debe seguir en su camino para combatir la contaminación.

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Que la reacción a un decreto cuyo fin era proteger la salud de los ciudadanos de la capital del país sea bloquear vías no es un buen síntoma para los debates que se aproximan sobre cómo tomar medidas para combatir la contaminación y la emergencia climática. La Alcaldía de Bogotá no debe desfallecer en sus esfuerzos por mejorar el aire de la ciudad y forzar cambios en los vehículos que circulan por sus vías. El Gobierno Nacional y otros entes territoriales deberían unirse a esta batalla.

Bogotá estuvo once días en alerta amarilla por contaminación del aire. Las alarmas ambientales se prendieron, pues los niveles de contaminación estaban poniendo en riesgo la salud de todas las personas que viven en la capital. Como respuesta, la Alcaldía de Claudia López expidió el decreto 047 del 2020 que restringió temporalmente los vehículos de carga con un año de modelo superior a los diez años, impidiéndoles circular en un polígono definido en el suroccidente de Bogotá. El resultado fue exitoso: según la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, “gracias a las medidas preventivas, al clima y al viento, la disminución del material particulado ha sido del 28 % en la estación Carvajal-Sevillana y del 47 % en el resto de la ciudad”.

Aunque ese decreto ya se levantó, en la capital sigue rigiendo el decreto 840 de 2019, firmado por el exalcalde Enrique Peñalosa, que restringe la movilidad de los vehículos de carga con más de veinte años de antigüedad. El motivo es claro: el alto grado de contaminación que producen son un riesgo innecesario para los capitalinos.

Aunque la Alcaldía actuó como es debido, una parte del gremio de conductores de vehículos de carga mostró los dientes. El lunes, Bogotá amaneció con al menos siete vías colapsadas por culpa de bloqueos de un grupo de camioneros y volqueteros. Exigían reparación por las pérdidas millonarias al no poder circular en la capital.

Esto deja de presente una tensión por resolver. El parque automotor colombiano está plagado de vehículos antiguos que no cumplen con los estándares ambientales. La falta de actualización contribuye a la contaminación y a los riesgos de salud. Por eso, como dijo Urrutia, “este no es un problema de alertas ambientales solamente sino de políticas estructurales”. Si las normativas ambientales siguen aumentando en rigidez y las autoridades son juiciosas en aplicarlas, ¿la respuesta seguirá siendo el bloqueo terco de vías?

Las medidas ambientales son un punto álgido en los debates de varios países. En Francia, el impuesto al combustible desestabilizó al país y tiene al gobierno de Emmanuel Macron en problemas. Que haya respuestas negativas, sin embargo, no significa que la solución es abandonar las regulaciones. La emergencia climática y la protección del medio ambiente requieren medidas útiles que, con contundencia, cambien nuestras peores prácticas contaminantes.

El reto ahora, entonces, es que la Alcaldía, el Gobierno Nacional y los demás entes territoriales avancen en el uso de restricciones para forzar una actualización de la flota. Este proceso debe ir acompañado de conversaciones con el gremio de transportadores para identificar sus necesidades y crear incentivos. Lo que no será negociable es que Colombia debe seguir en su camino para combatir la contaminación.

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