Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y firme aspirante para la reelección por el Partido Republicano, continúa su viacrucis jurídico ante los tribunales. A las dos imputaciones que se formularon en los tres meses pasados se le suma ahora una tercera, la más grave de todas, por cuatro cargos federales que lo señalan de violentar dos aspectos sagrados de la democracia en el país del norte: el valor de las elecciones y el respeto por los votos emitidos libremente. La justicia deberá actuar con firmeza y presteza frente a estos y otros eventuales procesos contra el expresidente.
El hecho de que el fiscal especial Jack Smith lo responsabilice por manipulación de testigos, conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, obstrucción de un procedimiento legal y conspiración para violar derechos civiles por tratar de anular el derecho al sufragio demuestran hasta dónde llegó Trump en su afán por mantenerse en el poder. Esa es la dimensión de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021 que están siendo analizados. En dicha ocasión, desde la sede del Ejecutivo, el entonces presidente convocó y alentó abiertamente a una turba enardecida a tomarse el Capitolio, para que los congresistas no reconocieran el triunfo de su oponente, el actual ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden.
Infortunadamente, a medida que se suman los juicios, la popularidad de Trump no solo parece mantenerse sino aumentar en su partido. Las últimas encuestas demuestran que ganaría la nominación republicana el año entrante con holgura. A pesar de que no existe una sola prueba, una tercera parte de los electores creen que hubo fraude en los pasados comicios. Esa proporción es muy superior en el Partido Republicano. Por todo esto no es extraño que, con gran sorna, Trump afirmara en su propia red, Truth Social, que necesita una nueva imputación para asegurar su elección. Es consciente de que con toda probabilidad tendrá que acudir muy pronto al estado de Georgia al inicio de un cuarto proceso. Cada transmisión por televisión de sus desplazamientos desde Florida —el vuelo, la comitiva presidencial, la llegada y salida del juzgado— es explotada a su favor por el candidato.
Las imágenes que vienen a la memoria de ese 6 de enero, con la turba fanática enardecida por Trump, son un recuerdo muy difícil de borrar. Una muy seria investigación adelantada por la Cámara de Representantes, que dio pie para que se iniciara el actual proceso, no deja duda sobre la gravedad y las implicaciones del caso. Tanya Chutkan, la jueza encargada, es conocida por ser una persona estricta y apegada a la ley.
Lo que sucede con el expresidente es inédito en el país del norte y son muchas las especulaciones sobre lo que pueda seguir, en especial por darse esta circunstancia en una coyuntura electoral. El terreno es cenagoso, dado que no existen antecedentes y la estrategia de la defensa es dilatar al máximo los procesos para que no haya sentencias ejecutoriadas antes de las elecciones de 2024. Podría suceder que, en caso de ser reelegido, Trump nombrara a un nuevo fiscal general de su conveniencia o, en última instancia, maniobrara para autoindultarse o que lo haga quien funja como su fórmula vicepresidencial.
De momento, entre las personas que comparecerán como testigos estará el exvicepresidente Michael Pence, quien se encontraba dentro del Capitolio el 6 de enero y cuya vida estuvo en peligro. Pence dijo hace un par de días que “la acusación sirve de importante recordatorio: nadie que se ponga por encima de la Constitución debería ser jamás presidente de Estados Unidos”. También podría estar Rudy Giuliani, exabogado de Trump. Solo resta esperar el desarrollo de los juicios contra el actual candidato.
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