La todopoderosa Procuraduría

Cuando hay instituciones con poderes desmedidos que, además, se eligen en medio del juego de la política, los abusos son muy tentadores.

La decisión del Consejo de Estado contra la sanción que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez le impuso al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro es un recordatorio de uno de los principales problemas de diseño institucional que tiene el país. Estamos en mora de hacer una reforma a las competencias del Ministerio Público para que respondan no sólo a los compromisos internacionales de Colombia, sino a la necesidad de que no existan poderes sin contrapesos que puedan ser secuestrados por intereses individuales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente le recordó a Colombia que, a la luz de sus compromisos suscritos a nivel internacional, ninguna autoridad administrativa puede afectar los derechos políticos de cualquier persona a menos que previamente se haya expedido una sentencia penal. En otras palabras: las inhabilidades que reparte la Procuraduría, las cuales son su principal herramienta para combatir la corrupción y el mal manejo de la función pública, son un incumplimiento de la normatividad global que hace parte del bloque de constitucionalidad. Hay en la regulación, entonces, una incoherencia que debe resolverse con una reforma.

Lo mismo dijo esta semana el Consejo de Estado, el cual, después de un proceso de tres años, anuló la sanción que la Procuraduría le impuso a Petro. La decisión cuestionada se dio en el 2013, en medio de uno de los enfrentamientos de poderes públicos más traumáticos en la historia reciente de Colombia. Para muchos observadores, Ordóñez estaba aprovechando las facultades de la Procuraduría para sacar del camino a uno de sus principales competidores a la Presidencia, pues inhabilitó al exalcalde por 15 años del ejercicio político. Que haya argumentos que respalden esa visión evidencia la enfermedad de fondo: cuando hay instituciones con poderes desmedidos que, además, se eligen en medio del juego de la política, los abusos son muy tentadores.

Sobre el fallo contra el exalcalde, el Consejo de Estado dijo que “se tuvo en cuenta que las posibles faltas disciplinarias imputadas o atribuidas al señor Petro no constituían faltas propiamente dichas, es decir, que de acuerdo con el acervo probatorio, el Consejo de Estado llegó a la conclusión de que no se podía predicar que la actuación del señor Petro haya violado principios de contratación como la selección objetiva, la transparencia, la economía o violación del principio de libre competencia que fueron las razones que en su momento tuvo en cuenta la Procuraduría”. ¿Y quién sanciona al exprocurador por haber causado tanto daño por una decisión sin fundamentos sólidos? Lo mismo se puede preguntar por las sanciones, ahora anuladas, contra Alonso Salazar, Piedad Córdoba y otros tantos que han tenido que recurrir al Consejo de Estado para recuperar su vida política.

El Consejo de Estado exhortó al Congreso y al presidente para que, en un plazo de dos años, se realice una reforma a la Procuraduría que solucione la incoherencia. Difícil creer que lo cumplan, especialmente porque se viene un cambio en ambos espacios que traerá sus propias prioridades. Sin embargo, esto debe tratarse con urgencia, pues en el limbo queda la posibilidad de que se sigan presentando abusos de poder, además del incumplimiento de los compromisos constitucionales con la comunidad internacional.

En esencia, el debate es sobre cómo garantizar un equilibrio de poderes funcional, donde no haya personajes todopoderosos. El diseño institucional debe pensarse con el peor de los casos en mente, no asumiendo que los funcionarios siempre serán virtuosos. La Procuraduría lleva mucho tiempo sin una reforma y abundan los casos que demuestran el problema que eso representa.

 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].

 

últimas noticias

Después de Ser Pilo Paga, ¿qué?

No hacer caso a los semáforos trae problemas

¿Sin querer queriendo?