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El espectáculo mediático que hasta las mismas autoridades colombianas han fomentado con el trágico feminicidio de Valentina Trespalacios contrasta con la realidad de la violencia de género en el país: la abrumadora mayoría de los casos quedan en la impunidad e incluso llegan a no ser denunciados por la desconfianza que produce la justicia colombiana. Aunque se logró legalizar la captura del principal sospechoso, el estadounidense John Poulos, los problemas que hubo en la audiencia, donde no había una traducción al inglés adecuada, son muestra de un Estado colombiano torpe y rimbombante, donde la justicia llega tarde y a menudo ni siquiera aparece.
Cada tanto tiempo un caso de violencia de género, por sus terribles características, captura la atención del país entero. Lo vimos con Rosa Elvira Cely, con Yuliana Samboní y ahora lo estamos viendo con Valentina Trespalacios. En esos momentos las autoridades aprovechan los reflectores para hacer despliegues de sus capacidades. La Policía se luce, la Fiscalía hace imputaciones inmediatas y los líderes políticos de turno se rasgan las vestiduras. Tal vez nada resume tan bien la situación como la profusa difusión por todas sus redes que la Policía hizo de las esposas púrpuras con las que esposaron a Poulos: mucha simbología, pero con poco efecto en la práctica. El tratamiento de este caso ha sido francamente ofensivo con la memoria de la víctima al convertir todo en un acto rimbombante, lo que refleja un país violento contra las mujeres que el Estado no ha sabido cómo intervenir.
Lo dijo la Red Jurídica Feminista esta semana: “Hacemos un llamado a las autoridades a no priorizar lo mediático sobre sus obligaciones de prevención, investigación y sanción. En 2022 fueron asesinadas 612 mujeres y niñas por serlo, ¿cómo van a reducir esto?”. No hay respuesta de las autoridades. Como le explicó a El Espectador Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, “los que tienen que dar el primer paso son el Estado y los hombres, ni siquiera nosotras para denunciar. Hay casos de mujeres que denunciaron 12 veces antes de que las mataran. Entonces, ¿cómo confiar en un sistema que no responde efectivamente a estos casos? Y esto no solo corresponde a las cifras, sino a las formas como las matan. No estoy viendo cambio en la mentalidad de quienes toman decisiones”.
No hay solución mágica para los feminicidios ni para los 17.106 menores de 14 años, en su mayoría niñas, que sufrieron violencia sexual durante 2022, como lo recuerda Claudia Morales en columna reciente de El Espectador. De poco servirá, incluso, si el caso de Trespalacios logra llegar a una condena. Porque el populismo punitivo es inútil para prevenir y hacer sentir a las víctimas que tienen mecanismos para denunciar. Si las fiscalías y las comisarías de familia siguen siendo espacios hostiles, si la educación de toda la sociedad no cambia, si no hay protocolos de protección en universidades y colegios que se cumplan y se apliquen, seguiremos contando las tragedias. Porque esta violencia sigue ocurriendo y no hay planes de política pública claros para enfrentarla. ¿Qué más hay aparte de esposas púrpuras?
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