Es entendible que el Gobierno de Gustavo Petro quiera mantener la discreción sobre su estrategia de negociación con los grupos armados al margen de la ley, pero lo que no es aceptable es que ante revelaciones escandalosas la estrategia sea ignorar el asunto de fondo. Ya han pasado varios días desde que Colombia+20 de El Espectador conoció un documento donde miembros del Estado colombiano y las Fuerzas Militares se comprometían con el Estado Mayor Central a realizar un despeje de facto en el centro urbano de El Plateado (Cauca) y la respuesta ha sido un elocuente silencio. ¿Sabía el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el pacto? ¿Por qué la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha sido clara sobre los compromisos que ha adquirido con el EMC? ¿Qué otros sacrificios se les pedirán a las poblaciones bajo control de los grupos criminales mientras se consigue un acuerdo de paz?
Cuando militares denunciaron que habían sido retenidos en El Plateado, la respuesta de Colombia fue el rechazo rotundo. Lo que no sabíamos en aquel entonces es que, al parecer, el Estado Mayor Central había recibido una promesa del Estado colombiano de que las fuerzas militares no se quedarían en la zona, donde se concentra el 75 % de los cultivos de coca en el Cauca. Una investigación de El Espectador llevó a conocer un documento titulado “Acta de confidencialidad sobre el acuerdo especial de El Plateado”, con fecha del 26 de octubre. Llaman la atención dos aspectos. El primero, que el documento está firmado por ocho personas, incluyendo altos funcionarios del Gobierno y militares. El segundo es que en él se garantiza que, después de las elecciones, las fuerzas militares iban a abandonar El Plateado. Se trata de algo gravísimo, pues significa claudicar a la responsabilidad constitucional del monopolio de la fuerza del Estado mediante el pacto para un despeje por fuera de los reflectores de la opinión pública.
La pregunta obvia es por qué hay un documento, que incluye la firma del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, donde se pacta un despeje y el Gobierno no ha confirmado su veracidad. Adicionalmente, ¿el presidente de la República estaba al tanto de ese acuerdo? Porque la versión que dio el EMC cuando ocurrió el secuestro de los militares fue que había un incumplimiento del Estado colombiano, pero el Gobierno negó esa versión. ¿Quién dice la verdad?
No se trata de torpedear el proceso de paz, que tantos tropiezos ha tenido que sortear, sino de pedirle al Gobierno transparencia. No solo para la opinión pública nacional, sino para los pobladores del Cauca, que están viviendo en un territorio aparentemente vedado para la fuerza pública. Los despejes implican el reconocimiento de la impotencia del Estado para cumplir sus deberes y por eso son tan delicados. Mientras ocurre el esperado acuerdo de paz total, ¿cómo garantiza el Estado la protección de los ciudadanos del Cauca? ¿Por qué dejar a los colombianos a la deriva mientras se trata de negociar? Cómo construimos confianza en las autoridades? ¿Cómo blindamos de legitimidad los diálogos? La transparencia es el primer y necesario paso.
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