Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó el Partido Nazi, una colectividad de extrema derecha podría estar a punto de gobernar un estado federal en Alemania. Este fin de semana, el partido Alternativa para Alemania (AfD) ganó las elecciones estatales en Sajonia-Anhalt, en el este del país, con el 43,8 % de los votos, muy por delante de los demás partidos. En las elecciones estatales de Turingia de 2024, la AfD también se impuso, pero por un margen muy estrecho. Aunque Sajonia-Anhalt no representa a todo el país, las últimas elecciones refuerzan una tendencia inquietante.
A diferencia de los sistemas políticos presidencialistas como el nuestro, en el federalismo alemán la ciudadanía no vota directamente por un gobernador o jefe de Estado, sino por quienes integrarán el parlamento. Una vez constituido este, los diputados eligen por mayoría de votos al jefe del gobierno. Solo si un partido tiene mayoría absoluta, es decir, el 50 % de los escaños más uno, puede formar un gobierno unipartidista. De lo contrario, debe hacer coalición con los demás. Y acá es donde la cosa se complica.
Los demás partidos, entre ellos la Unión Demócrata Cristiana (CDU) –partido tradicional conservador, que ha liderado el gobierno de Alemania con figuras prominentes como Konrad Adenauer, Angela Merkel o el actual canciller Friedrich Merz–, han hecho un pacto conocido como “cordón sanitario” (Brandmauer) para no formar coaliciones, negociar gobiernos ni sumar votos deliberadamente con la AfD. Sin embargo, la AfD lidera las encuestas de intención de voto a nivel nacional con un 27 % y le sigue, con 21 %, la CDU.
La Brandmauer responde, entre otras, a que en varios estados, incluido Sajonia-Anhalt, la AfD ha sido clasificada por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución como un partido de “extrema derecha confirmada”. El motivo: “La concepción de las personas basada en la etnia y la ascendencia que prevalece dentro del partido es incompatible con el orden democrático libre”, dijo la agencia en un comunicado.
Desde su surgimiento en 2013, AfD ha evolucionado a ser una colectividad populista e identitaria con la que simpatizan grupos neonazis. Su ideología actual promueve un etnonacionalismo tajante –que exige la “remigración” o expulsión masiva de inmigrantes– y el debilitamiento de la Unión Europea. Se le ha criticado por restarle importancia al Holocausto nazi: sus miembros insisten en que fue un momento breve en una historia larga de la que Alemania debería sentir orgullo nacionalista en lugar de “complejo de culpa”. Además, consideran que el país debe pasar de apoyar a Ucrania a ser “neutral” y mejorar las relaciones con Rusia.
Aunque desde las entrañas de la CDU se ha propuesto “prohibir” la AfD, la impopularidad del canciller Merz les ha pasado factura en las elecciones en Sajonia-Anhalt. El dilema que allí se libra deja una lección para las democracias globales: los muros institucionales no solucionan los problemas de los ciudadanos de a pie.
Contener al radicalismo populista también significa proteger a la sociedad civil, su multiculturalidad, y fortalecer la democracia y sus instituciones. Los vetos institucionales son una estrategia estéril si los partidos tradicionales no resuelven la frustración social, el estancamiento económico y las tensiones culturales que la extrema derecha instrumentaliza con éxito. La democracia liberal se ha puesto a prueba en todo el mundo. Ahora debe demostrar que aún tiene la capacidad de gobernar para todos.
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