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El caballito de batalla contra el Acuerdo de Paz, por parte de los promotores del No en el plebiscito, siempre fue que deseaban una “paz sin impunidad”. En respuesta, los negociadores y quienes respaldamos lo firmado en el Teatro Colón propusimos que una manera de combatir la impunidad era creando espacios que fomentaran la verdad y la reparación, así como que garantizaran la no repetición. Ahora que los miembros de las extintas Farc están comenzando a demostrar que sí es mucha la verdad que nos falta en este país plagado de impunidad, la respuesta, desde una parte de la institucionalidad y la opinión pública, es que entonces pierdan los beneficios. Son obtusos a propósito: sin las garantías que hemos otorgado, por ejemplo, a los parlamentarios del Partido FARC, no estaríamos hoy con más información que en 25 años sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
Son dos las respuestas a la confesión de los ex-Farc. Una pide que Julián Gallo, quien ejecutó la orden de asesinar a Gómez Hurtado, sea retirado inmediatamente del Congreso. Eso no tiene ningún sentido en el ordenamiento jurídico colombiano. Porque eso es lo otro: los opositores de la paz parecen olvidar a menudo que el Acuerdo ha sido institucionalizado y sus reglas deben ser cumplidas por el Estado. Retirar a Gallo por contar la verdad es un contrasentido: está contando la verdad precisamente porque hicimos un Acuerdo de Paz y dimos algunas concesiones, como permitir que el Partido FARC tuviera presencia en el Congreso durante varios períodos.
Después de mucho rechinar de dientes, del cinismo de personas como Jesús Santrich, de la arrogancia de Iván Márquez, los ex-Farc están empezando a hablar. De manera voluntaria y con contundencia, prometiendo que aportarán pruebas. ¿No es eso, precisamente, lo que queríamos? ¿Acaso no es cuando menos estimulante para el estancado debate nacional que tengamos una nueva y creíble teoría en el caso de Gómez Hurtado y de otros asesinatos importantes? Si querían romper la impunidad, bueno, el Acuerdo nos ha abierto la puerta para hacerlo.
La otra reacción ha sido desde Presidencia y la misma Fiscalía. Desconfían de lo que dice la FARC y piden que sea el ente investigador el que continúe con las indagaciones. En el proceso, veladamente, promueven la estigmatización contra la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre eso, dos ideas.
Primera, estamos de acuerdo en no creerle a la FARC de manera automática. Tendrá que contarnos sus pruebas y la JEP tendrá que hacer el respectivo contraste de versiones. Así funciona el sistema de justicia transicional. Dicho eso, lo aportado hasta ahora genera indicios suficientes para darle credibilidad a esa tesis. No podemos simplemente cerrarnos porque los sabemos manipuladores consuetudinarios.
Segunda, ¿de verdad la Fiscalía pretende posicionarse como la única capaz de encontrar la verdad en el caso de Gómez Hurtado? ¿Esa misma Fiscalía que fue incapaz de dar respuestas durante 25 años? ¿Esa misma Fiscalía que permitió desvíos de investigación? ¿Esa misma Fiscalía que creó un “falso positivo judicial”? Todos y cada uno de los fiscales les han fallado al país y a las familias de las víctimas. El fiscal Francisco Barbosa debería estar celebrando que el Acuerdo de Paz por fin está arrojando luces. ¿No sería mejor que la Fiscalía colabore con la JEP, en vez de seguir enemistándola?
Para esto queríamos la paz. Falta mucha verdad, falta mucho reconocimiento. Pero estamos avanzando en el camino correcto.
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