Al leer la entrevista de Fabiola Perea para El Espectador, es inevitable sentir frustración y vergüenza por la actitud de la Policía Nacional, la Presidencia de la República y la ahora embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia. Perea, mujer de 52 años que se desempeñó como trabajadora doméstica en la residencia de Sarabia, fue víctima de un abuso del Estado; fue estigmatizada, perdió sus trabajos, sufrió severas consecuencias de salud mental y tuvo que irse de Bogotá para poder encontrar cómo subsistir. A pesar de las condenas del caso, las instituciones involucradas se excusan en leguleyadas para no reconocer un atropello que el país entero vio con claridad. Una persona vulnerable, que hace parte del corazón del “pueblo” que el presidente Gustavo Petro ha dicho representar, fue aplastada por los juegos de poder dentro de la Casa de Nariño.
La situación de Perea es tan delicada que le pidió a este periódico no publicar su fotografía para no perder más trabajos. Lo comprendemos: cuando estalló el escándalo de un supuesto robo en la residencia de Sarabia, Perea, quien trabajaba junto con Marelbys Meza, perdió los otros cuatro trabajos que tenía. No solo eso, su teléfono fue interceptado de manera ilegal mientras que miembros de la Policía le dijeron a un juez de control de garantías en Quibdó (Chocó) que ella era alias “La Cocinera”, integrante del Clan del Golfo. Su casa fue invadida por miembros de la fuerza pública, su vida entera fue rastreada, sus cinco hijos fueron perfilados. Todo bajo la excusa de que la seguridad nacional estaba en juego. Por estos hechos, el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales, quienes la interceptaron ilegalmente, fueron condenados a más de 11 años de cárcel. Por los abusos cometidos en el marco del escándalo que involucra a Sarabia, ya hay cuatro uniformados condenados por fabricar informes.
Lo más descarado de todo esto es la reacción oficial. Sarabia ha negado su involucramiento en las interceptaciones y se protege detrás de sus abogados, mientras termina el Gobierno premiada con la embajada de Reino Unido a pesar de su paso atropellado por la Casa de Nariño. Presidencia se lava las manos diciendo que todo esto “es un asunto personal y privado que en nada involucra a la entidad”. La Policía, cuyos miembros engañaron a fiscales y jueces, se defiende argumentando que “la parte actora no allegó medios probatorios para demostrar la falla en el servicio”. Hubo interceptaciones ilegales a una persona que trabajaba para la mano derecha del presidente de la República y nadie en las esferas más altas del poder se enteró ni asume responsabilidad. ¿Para qué persona tiene sentido todo lo anterior?
Las palabras de Perea en la entrevista con El Espectador son muy dolorosas. También muestran una comprensible rabia ante la injusticia cometida. “Yo soy hipertensa y desde que me pasó esto la tensión se me subió del mismo estrés, del mismo miedo. No podía salir de mi casa si no había una amiga que me acompañara. Todavía siento que alguien me persigue. No pude volver a mi ranchito. Me tocó dejar mi casa, mis cosas, mis coroticos, todo por allá tirado”, dijo. A la embajadora en Reino Unido le manda un mensaje: “Le agradezco por haberme jodido la vida”. Al Estado le pide “que se ponga la mano en el corazón y otra cosa que espero con muchas ansias: saber quién lo hizo y por qué”. ¿Qué dirá la justicia en todo este proceso?
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