Esta semana, Miguel Matus, candidato al Senado por parte del Centro Democrático (CD), tuvo que salir fuertemente escoltado de un acto de campaña en Arauca porque había información creíble de inteligencia de un posible atentando en su contra, presuntamente planeado por el Eln. Esta es una situación que no debería presentarse: no puede hablarse de posconflicto si quienes le apuestan a la democracia tienen que sentir miedo por sus vidas.
Al respecto, y aunque están al otro lado del espectro ideológico, los actos contra la FARC en su participación política también han traspasado los límites de lo legal. Como lo comentamos en este espacio, a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, le estallaron las llantas del vehículo en el que se movilizaba y las manifestaciones en su contra se tornaron violentas y amenazantes contra su integridad.
Si bien el origen de ambas amenazas son distintas, siendo el caso Matus una muestra de lo nefasto del conflicto con el Eln, y el caso Timochenko la incomodidad profunda que los colombianos sienten con su participación en política, ambos le apuntan a lo mismo: en Colombia no se puede participar en la democracia con tranquilidad.
Como dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE, según reporta La FM, “nos parecen tan graves los hechos que han ocurrido con la campaña electoral de la FARC como tan grave el hecho de que tenga que traerse al candidato Matus desde Arauca, los dos hechos son igualmente repudiables y ambos afectan la democracia colombiana”.
El llamado es a toda la sociedad, sin importar su afiliación política: tenemos que respaldar el derecho detodos los candidatos a participar en la democracia sin que corran peligro, estemos o no de acuerdo con ellos; incluso si tenemos diferencias profundas con sus ideas.
¿Eso significa que un colombiano no debería, por ejemplo, protestar contra la presencia en la plaza pública de la FARC? Al contrario, no hay mejor manera de respaldar la democracia que utilizar todas las herramientas legales para manifestar la inconformidad.
Sin embargo, hay que hacerlo sin recurrir a la violencia. Con tantas formas de protestar, ¿vamos a reducirnos a las amenazas y las vías de hecho? ¿No tenemos ya suficientes evidencias sobre cómo la exclusión del campo político a través de la violencia nos genera consecuencias negativas a todos los colombianos?
Es momento de demostrar que, como sociedad, somos capaces de dar debates apasionados sin degradarnos en agresiones inútiles. Empecemos por rechazar con vehemencia cualquier amenaza o ataque, así estén dirigidos contra nuestros oponentes políticos.
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