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No hay motivos para demorar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia. Aunque el Gobierno de Iván Duque insiste en que dará la bienvenida a la Comisión, ha utilizado argumentos insuficientes para aplazar indebidamente un acompañamiento que es urgente. Además, está perdiendo una oportunidad de bajarle la tensión al paro nacional y encontrar salidas democráticas a la crisis de confianza en las instituciones que tiene un sector de la población. Debería cambiarse de estrategia.
Colombia ha sido señalada de ambivalente en su posición frente a la CIDH. Es una crítica justificada. Aunque la política exterior de la administración Duque ha fomentado la intervención de la CIDH en otros espacios de crisis, como en Venezuela, ahora utiliza maromas retóricas para mantener alejada a la Comisión. ¿Qué argumentos hay para evitar que un organismo especializado en derechos humanos visite al país? ¿Por qué temerle al acompañamiento de expertos y expertas respetados, cuya importancia Colombia ha reconocido en el pasado?
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, se reunió con la CIDH. Afirmó: “Todos hemos dicho que consideramos que todas las visitas son bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea de investigar cada uno de los casos”. En un comunicado, la Comisión dijo que la canciller “la invitó a realizar la visita de trabajo a Colombia luego de la audiencia pública de oficio que se llevará a cabo el próximo 29 de junio”. Es decir, aún no hay fecha fija y la situación puede alargarse.
Es un sinsentido pedir que las autoridades colombianas terminen sus investigaciones primero. Los procesos pueden demorarse mucho tiempo, como es común en el país, y además la presencia de la Comisión no es incompatible con las investigaciones internas. La CIDH vendría a hacer un análisis general de lo ocurrido, no solo a mirar casos concretos. Es necesario insistir: ¿por qué posponer la visita que podría contribuir a reducir las tensiones del paro?
La visita de la Comisión ayudaría, por ejemplo, con la falta de confianza que los colombianos sienten hacia órganos de control cercanos al Gobierno. Eso le conviene a la misma administración Duque, pues les muestra a los manifestantes y al mundo entero que no pone obstáculos al esclarecimiento de los hechos. Todos ganaríamos. La CIDH también serviría para blindar de legitimidad los diálogos sociales que se adelantan.
La coyuntura de la crisis es urgente. La CIDH debería poder aterrizar en el país de forma inmediata. Sin embargo, el Gobierno prefiere que Colombia siga el camino de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que le cierran la puerta al organismo internacional. Decir que eventualmente se invitará a los comisionados no es suficiente: la demora despierta dudas innecesarias.
Colombia no debería darle largas al asunto. Que la CIDH acompañe este momento tan difícil es una clave para superarlo. El Gobierno debería reconsiderar su posición.
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