Larga declaración

Lo divino y lo humano: el seguimiento a los miembros negociadores de las Farc en La Habana, Cuba, y un plan estratégico para acabar con el proceso de paz; la campaña de desprestigio contra el alcalde Petro y los aplausos de felicitación del procurador Ordóñez. Y los objetivos estratégicos: desde manchar la imagen del fiscal Montealegre hasta limpiar la de la representante María Fernanda Cabal. De todo y para todos.

Y su presencia, a veces confusamente explicada en la muy larga entrevista, era, a dicho suyo, transversal a todos los implicados: por sus manos pasó todo, mejor dicho. Si no era la fuente de la información, era entonces el intermediario entre Andrómeda y la Dirección Nacional de Inteligencia. Jefe de campañas mediáticas y de desprestigio. Muchas cosas juntas.

En extremo conspirativa, y a veces repetitiva, la entrevista del hacker Sepúlveda sí debe conducir a la claridad total: las preguntas concretas que de este documento periodístico se desprenden son asuntos que la justicia debe responder lo más pronto posible. ¿Es verdad lo que dice? ¿Qué tanto? ¿Cuál fue la presencia de los implicados en su testimonio mediático? ¿Qué de todo esto puede ser probado de manera contundente por la justicia colombiana? ¿Quién lo amenaza y por qué?

En el llamado “ventilador del hacker” debe haber más claridad que conclusiones mediáticas: los colombianos merecemos saber si hay miembros del Ejército interesados en torpedear una iniciativa de ese Estado que representan; debemos saber si un expresidente ha acudido a información que, aunque sea hoy senador de la República, no tiene por qué tener en sus manos; debemos saber si la Procuraduría está inmersa en toda esta rapiña de la información y el desprestigio.

Pero hay que tener cuidado. No todo lo que dice este señor debe ser tomado como prueba fehaciente de hechos que desconocemos. A él le asisten, por igual, tanto el derecho a la defensa como los deberes procesales: su relato en un medio no es, ni mucho menos, una confesión judicial que valga. La Fiscalía debe tener cuidado a la hora de la investigación, teniendo en cuenta, sobre todo, que su jefe máximo es uno de los implicados en el testimonio.

No es poco lo que dijo Sepúlveda a Semana. Pero este caso, que mete en un costal a tantos funcionarios de distinta clase, debe ser investigado con cuidadosa lupa. La misma para analizar lo que han manifestado otros, como Luis Alfonso Hoyos, quien fue contundente en su declaración de respuesta: “Hablo a los millones de colombianos que solo se conforman con la verdad: en lo que a mí respecta, los señalamientos publicados en la edición presente de la revista Semana son falsos”, dijo en un comunicado.

Por lo pronto, luego de que las respuestas del pirata informático le dieran la vuelta a Colombia, los organismos de justicia deben tomar un respiro, afilar sus instrumentos de investigación y proceder hacia la verdad. Es lo mínimo que merece este país: que se condene a quienes él implica o que se les absuelva de toda mancha. El relato colectivo de este país no puede ser escrito con base en conjeturas, así que adelante.