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Parece que en Colombia no sabemos manifestarnos respetando los límites mínimos para que no se vulneren indebidamente los derechos de los demás. Saliéndonos un poco de los escándalos en la arena política que involucraron a miembros de la FARC y del Centro Democrático, en Pereira ocurrió un enfrentamiento en un tema sensible: el derecho de las mujeres a abortar.
Al parecer, el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, para proteger la intimidad de las mujeres que quieren ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente sus embarazos, prohibió la presencia de manifestantes “pro vida” cerca de los lugares donde se realizan los procedimientos. Esto afecta directamente a la organización 40 Días por la Vida, que cada año hace vigilias frente a los centros médicos y en el pasado ha estado involucrada en escándalos, como contar con la indebida participación de miembros de la Policía, uniformados, en sus manifestaciones en Bogotá, dando a entender que el Estado también se opone al derecho de las mujeres a abortar.
En respuesta, los simpatizantes de 40 Días dijeron que el alcalde les está “prohibiendo rezar en la calle” y dicen que se está prohibiendo una manifestación por razones ideológicas, lo que es “sencillamente totalitario”. Al cierre de esta edición, una petición en Citizen Go reúne cerca de 10.000 firmas para pedirle a la Alcaldía que revoque su decisión.
El tema es delicado. Es verdad que los colombianos tienen un derecho constitucional a manifestarse, incluso si sus protestas son contra el ejercicio de otros derechos reconocidos por la Carta Política y la Corte Constitucional. Sin embargo, y esto es lo que no cuentan los defensores de la vigilia, se han denunciado en varias instancias que estos espacios son más que una protesta pacífica: vulneran directamente a las mujeres que pretenden ejercer sus derechos.
Ellos mismos lo reconocen, al decir que durante las protestas “acompañan, aconsejan y ayudan a las mujeres que llegan con la intención de abortar”. Eso, que suena inofensivo, en la práctica es una agresión directa que las personas no tienen que soportar. Hay casos de mujeres que reportan que les han tocado, sin su autorización, el vientre para decirles que llevan una vida adentro. Además han recibido información falsa sobre el aborto y manipulaciones verbales que buscan hacerlas sentir culpables sobre una decisión que sólo depende de ellas.
Eso es lo que no puede permitirse. ¿Rezar en las calles? Por supuesto, adelante. ¿Decir que el aborto es asesinato? También está permitido. ¿Invadir el espacio personal de las mujeres, agredirlas y perseguirlas, haciéndolas sentir vigiladas y con miedo? Eso no lo protege el derecho a la protesta, es una extralimitación dañina.
El alcalde Gallo debería mantenerse en su decisión, y harían bien los mandatarios de otras ciudades en estudiar de cerca estas manifestaciones. En Colombia se incentiva el disenso, pero no la violencia. Más en un tema tan complejo, donde las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir voluntariamente sus embarazos deben ser protegidas por el Estado.