Las bibliotecas son lugares privilegiados. Almacenan conocimiento y memoria, son sitios de encuentro de una comunidad, refugios ante el ruido, espacios de estudio y creación. En regiones de Colombia donde el acceso a internet sigue siendo limitado, donde hay comunidades que viven sin conectividad y, a menudo, bajo la presión de grupos armados, una biblioteca pública puede ser una de las pocas puertas de acceso a la información, la cultura y el conocimiento. Por eso fue duro leer el informe de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que registró que al menos 99 bibliotecas reportaron afectaciones por el terremoto del 10 de agosto y que diez sufrieron colapsos parciales o totales. El documento, con corte al 21 de agosto, indicó que 62 permanecían cerradas al público. No sabemos cuántas siguen en esa situación. El diagnóstico se publicó antes de que Julia Daza asumiera la dirección de la Biblioteca Nacional, el 1 de octubre, y desde entonces no se ha divulgado un balance actualizado que permita conocer cuántas reabrieron, cuáles fueron reconstruidas o qué recursos se han destinado a recuperarlas.
Reconocemos que el Gobierno nacional no ha permanecido de brazos cruzados frente a la emergencia cultural. El Ministerio de las Culturas anunció medidas para proteger el patrimonio afectado, entre ellas una alianza con la Unesco y recursos para evaluar daños y adelantar intervenciones urgentes. La UNGRD, por su parte, publicó lineamientos para que las entidades territoriales formularan sus planes de acción para la recuperación. También hay que admitir que una parte importante de la responsabilidad recae en alcaldías y gobernaciones, que deben mantener buena parte de la infraestructura cultural de sus territorios. Pero sería ingenuo desconocer las limitaciones presupuestales de muchos municipios, especialmente cuando deben atender primero necesidades vitales como la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, vías y redes de servicios públicos. El propio plan nacional de recuperación registra 5.309 sedes educativas afectadas, 547 de ellas con necesidad de reconstrucción total. Las bibliotecas compiten así por recursos escasos con otras urgencias apremiantes.
Pero las bibliotecas son parte fundamental de la infraestructura educativa. Es precisamente por eso que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas necesita una estrategia sectorial que articule a las administraciones locales, ofrezca asistencia técnica, identifique fuentes de financiación y establezca prioridades y plazos. También debe ocuparse de las colecciones: el diagnóstico inicial reportó afectaciones en los fondos bibliográficos de 22 bibliotecas. No basta con recuperar los edificios si los libros, documentos y materiales que resguardaban se perdieron.
En este contexto, la dirección de Julia Daza también merece escrutinio. La funcionaria ha sacado pecho por la iniciativa "Memoria que conecta", que busca vincular la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes con una red internacional de 89.000 instituciones, lo que ampliaría el acceso a libros digitales. Muy útil, la digitalización es necesaria para preservar y ampliar el acceso al patrimonio, pero no puede convertirse en sustituto de las bibliotecas físicas. ¿De qué sirve ampliar los catálogos digitales a comunidades que carecen de conexión a internet o de dispositivos para consultarlos? ¿Dónde están los esfuerzos para mejorar y, además, reconstruir, la infraestructura de la bibliotecas? Más aún si la gestión cultural termina subordinada a las disputas ideológicas de la llamada batalla cultural.
Nuestro llamado, en todo caso, es a todas las autoridades del Estado en el nivel nacional, departamental y municipal. La reconstrucción de las bibliotecas debe tener un lugar explícito en los planes de recuperación del terremoto, con responsables, recursos, cronogramas y mecanismos de seguimiento. Reconstruir las bibliotecas también es reconstruir comunidades.
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