Las deudas de la Policía en el posconflicto

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Aunque son bienvenidos los nuevos lineamientos de la Policía Nacional, dados a conocer por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a partir de los hallazgos de una comisión creada en medio del último escándalo en que se vio involucrada, queda el mal sabor de que ese no era el propósito inicial con que se había convocado a los expertos. ¿Tenemos que dar, entonces, por condenadas a las sombras las graves denuncias sobre interceptaciones y la llamada “Comunidad del Anillo”? Bien por la reestructuración de una Policía para el posconflicto, pero mal, muy mal, por el compromiso con la transparencia.

El 9 de diciembre del 2015, en medio de escándalos por denuncias de corrupción, interceptaciones ilegales y prostitución dentro de la Policía, el presidente Santos anunció la creación de una comisión “de alto nivel e independiente”, que tendría 90 días para rendirle cuentas al país sobre lo que estaba sucediendo dentro de la institución y explicar si eran o no ciertas las denuncias. En marzo del 2016 se instaló la comisión, pero la promesa del plazo no se cumplió, pues apenas esta semana hubo resultados. Más preocupante aún es que el informe no sea público y que se guarde silencio sobre los escándalos. El objetivo no era, no sobra recordar, construir la Policía del posconflicto, sino traer algo de luz a situaciones muy complicadas. ¿Qué pasó en el proceso?

Por eso es difícil creer el compromiso de la Policía con la transparencia que anunció el presidente. En sus palabras, “la batalla contra la corrupción en nuestra Policía debe ser más eficaz, más rápida y terminar en sanciones visibles y ejemplares. Lo que hemos hecho en cuanto a la transparencia policial es positivo, pero debemos hacer más”. Como se ha vuelto habitual con el Gobierno, es imposible no estar de acuerdo con el diagnóstico, desde el discurso, del problema; pero nos quedan debiendo hechos concretos. Esta comisión es una muestra más de esa situación.

Dicho lo anterior, los temas que sí trató la comisión son necesarios para la construcción de un nuevo país. En síntesis, se hicieron recomendaciones, que el presidente prometió acoger en un Conpes que vendrá en los próximos dos meses, para desmilitarizar la Policía Nacional y enfocarla en sus labores de protección a la ciudadanía. Según el presidente, “este proceso va a permitir que, ahora que termina el conflicto armado, la Policía se concentre en sus labores policiales y nuestras Fuerzas Militares en sus tareas de carácter militar. El objetivo es tener una Policía más humana, íntegra, disciplinada, innovadora y efectiva. Y, sobre todo, más cercana al ciudadano”.

Esto es fundamental, especialmente teniendo en cuenta los problemas que ha causado el nuevo Código de Policía. No han faltado las denuncias de abuso policial, estigmatización de grupos marginados y ejercicios de la autoridad que entran en tensión con las libertades individuales. Una excelente manera de bajarle los humos a la enemistad con la sociedad es dejar de tener una Policía entrenada para la guerra y que pueda concentrarse en cómo construir convivencia. Por supuesto, ya hay iniciativas que adelanta la institución que van encaminadas a ese objetivo, pero es clave el cambio de mentalidad, así como la repartición de recursos. El aumento en el pie de fuerza anunciado, así como los incentivos para que en las regiones se construyan nuevas estaciones de Policía y se invierta en la vigilancia electrónica, son señales de que podemos por fin atender el problema de la inseguridad en las ciudades.

Necesitamos, en efecto, una Policía para el posconflicto. Ojalá esa sea la oportunidad, también, para cumplir las promesas de transparencia. Así se construye una mejor convivencia.

 

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