Unos días después, en la misma semana, el proyecto de ley estatuaria que tenía por objetivo la regulación de la reforma política aprobada en junio se hundió en el Congreso por falta de quórum. Las próximas elecciones presidenciales y legislativas, pese a los llamados de la sociedad civil para que las reglas de juego de la democracia sean debidamente respetadas, se ejecutarán en un clima de incertidumbre.
Según la Ley de Garantías que rige desde que la Corte Constitucional estableció, para el caso de la primera reelección, las normas que debían regular la competencia entre los aspirantes a la Presidencia, toda candidatura debía presentarse seis meses antes de iniciarse la votación en primera vuelta. Como la Corte Constitucional no ha despejado el camino para que una segunda reelección del presidente Uribe sea legalmente posible, llegó la hora de anunciar que el Presidente quiere ser candidato y no fue posible que se hicieran efectivos los ordenamientos de la Ley de Garantías.
De haberse declarado candidato a la Presidencia, hay quienes argumentan que el primer mandatario habría podido incurrir en prevaricato. Otros creen que, pese a los impedimentos legales, ha debido hacer explícito que su intención es la de hacerse reelegir, como quiera que la tan discutida encrucijada del alma es también una excusa para evadir el compromiso con una respuesta definitiva. Lo cierto es que ya no hay tiempo para presentar un proyecto de ley de garantías y el Presidente, no obstante las restricciones éticas, continúa haciendo uso de privilegiadas herramientas de difusión, como la transmisión de los consejos comunales, a las que los otros candidatos no tienen acceso.
Entre tanto, tampoco están aseguradas las garantías mínimas exigidas para que en las próximas elecciones legislativas de marzo 2010 no se repita el nefasto escenario de infiltración de campañas políticas por parte de grupos armados. Las reglas de juego para las elecciones de 2010 serán parecidas a las que rigieron en 2006, después de que la discusión final de la ley estatuaria con la que se buscaba reglamentar los temas de financiación y sanciones a los partidos políticos, incluidos en la reforma política, naufragó en el Congreso —el mismo Congreso que disfrutó de la polémica figura del transfuguismo avalada por la reforma política—.
Las consecuencias de la falta de reglamentación, mucho antes de que conozcamos los resultados de la contienda legislativa, desde ya son rastreables. Medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre las estrategias empleadas por los jefes políticos de la Costa, que están en la cárcel o han sido investigados por nexos con paramilitares. Con el fin de mantener su poder electoral y burocrático, muchos de estos caciques promoverán la elección de sus familiares y personas cercanas. Se vaticina la participación de allegados a los polémicos Álvaro García, Érick Morris, Trino Luna, Vicente Blel y Juan Manuel López Cabrales, entre otros.
El fenómeno no es exclusivo de la costa Caribe. De hecho, son varios los que lo defienden bajo el discutible y pragmático argumento de que las responsabilidades penales son individuales.
En síntesis, en 2010 estaremos frente a procesos democráticos de elección de líderes políticos cuya legitimidad amerita una gran discusión. En materia de democracia, no basta con ir a las urnas.
Por El Espectador
