Es probable que la Corte Constitucional pida que se estudie de nuevo el caso de Arias. En su jurisprudencia hay varias decisiones que defienden el derecho a la doble conformidad en el sistema penal. Ya en 2019 el alto tribunal dijo que “toda persona que se vea afectada por una decisión condenatoria de carácter penal tiene derecho a impugnarla a través de un mecanismo que permita la revisión de todos los elementos que conllevaron a la decisión condenatoria”. El problema es que los aforados, quienes fueron juzgados en única instancia, no tuvieron ese derecho. Por eso, la Corte podría tomar una decisión con efectos directos sobre al menos 39 y hasta 232 personas que fueron condenadas por la Corte Suprema a partir de 1991.
El debate jurídico ha sido álgido, pues la Corte Suprema de Justicia tiene un muy buen argumento: ellos juzgaron bajo las leyes establecidas y, por la seguridad jurídica, no hay motivos para reabrir los casos. Sin embargo, nos parece que, si en Colombia es un derecho fundamental la doble conformidad, habría que darles la razón a quienes, como Arias, buscan que sus casos sean revisados.
Pero ahí termina la razón de Arias. Todo lo demás que ha dicho sobre el proceso, sobre sus jueces, sobre su situación es una falsedad que además ataca la institucionalidad. Escucharlo a él o al uribismo es creer que estamos ante un mártir víctima de una persecución política. Pero la realidad es otra. Arias se fugó de la justicia cuando se vio derrotado en juicio y, así, irrespetó al país, a los colombianos, a los magistrados y no ha hecho más que destruir la justicia con sus supuestos argumentos para derribar el fallo. Es una táctica muy común de su jefe político, Álvaro Uribe: todas las decisiones que sean contrarias vienen de una justicia sesgada, dicen. Es la dinámica del “ellos” contra “nosotros”, del “perseguido político”, del populismo que busca enardecer a las masas, cuando los hechos están claros. Hay evidencia de que se aprovecharon del programa Agro Ingreso Seguro, que en ese proceso les robaron dinero a los colombianos y que la cabeza de esa política, Andrés Felipe Arias, no hizo lo necesario para evitar que eso ocurriera. ¿Cuál persecución política?
Lo que hay es un intento coordinado e insistente por estigmatizar a la justicia, con consecuencias nefastas en este país polarizado. Sí, que vuelvan a estudiar la sentencia de Arias y que tenga todas las garantías necesarias, tiene derecho a ello. Pero eso no significa que su condena estuvo por fuera de la ley.
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Por El Espectador
