La decisión de tutela de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez solo es una muestra más de lo que hemos mencionado desde el principio de todo este caso: la rama Judicial tiene todas las herramientas y garantías para llevar a cabo una labor juiciosa y transparente. Más allá de la diferencia de criterio entre el Tribunal y la jueza de primera instancia sobre las razones para mantener al mandatario detenido en vísperas del fallo de segunda instancia, lo que ha quedado en evidencia es que los discursos sobre conspiraciones no son acordes con la realidad. Es momento para que todos los involucrados, una vez más, opten por la prudencia.
Desde que el expresidente Uribe fue condenado, hemos escuchado de todo. La diplomacia estadounidense hizo declaraciones francamente ofensivas por su ignorancia del sistema colombiano, el mismo exmandatario culpó a sus oponentes políticos de lo ocurrido, y la jueza de primera instancia, Sandra Heredia, ha visto su reputación ser mancillada a cada paso. Sin embargo, ese mismo sistema “comprado”, digno de un “Estado fallido”, acaba de darle la razón a la defensa del expresidente sobre la ausencia de motivos para tener que esperar privado de su libertad mientras llega el fallo de segunda instancia. Ahora vimos los discursos conspiranoicos irse a la contraparte: voces en las redes de la izquierda dijeron que se trata de una carencia de sentido. Tal vez el principal ofensor fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien comparó el caso con el de Epa Colombia, como si no supiese cómo funcionan las instancias de juzgamiento y los derechos fundamentales de los procesados en nuestro país. El autoproclamado guardián de la justicia salió a criticarla tan pronto hubo una decisión con la que no está de acuerdo. Nada nuevo bajo el sol.
Queremos invitar a una lectura distinta a esos radicalismos. Por ejemplo, el Tribunal Superior encontró que “los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social”. Por eso, concedió la acción de tutela y ordenó la libertad del expresidente. La jueza Heredia acató la decisión, como es su deber, y firmó la boleta que le permitió al exmandatario salir de su reclusión domiciliaria. Lo que vimos, en vivo y en directo, fue el sistema de justicia operando como debe, con todas sus garantías y sin que haya un interés particular por afectar a los involucrados en este caso.
Es importante que se haga una apreciación de la labor de la justicia porque, en nuestra democracia, la rama Judicial tiene la última palabra en los procesos penales. Eso significa que en pocas semanas conoceremos la decisión de segunda instancia. Sea cual sea, debe respetarse. Sobre todo, debe garantizarse la seguridad de todos los jueces involucrados. Habrá descontento, ya lo vimos con la primera instancia, pero por eso mismo nuestro diseño institucional prevé garantías, protecciones y también responsabilidades. Tanto el expresidente Uribe como las víctimas identificadas en el proceso han tenido espacio para expresar sus argumentos, contestar a todas las evidencias y agotar cada herramienta jurídica disponible. Lo mínimo, entonces, es que la decisión que se vaya a tomar se respete. Y, ante todo, que no se juegue con los ánimos tensos del país entero.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
