Las maras de la muerte

El presidente Mauricio Funes ha apoyado la medida que, entre otras, castiga a menores de 12 años, da herramientas para atacar el patrimonio de sus miembros y los inhabilita para integrar sociedades. Aunque el mandatario afirma que su país no se encuentra “a las puertas de un Estado fallido”, muchos otros aseguran que el poder operativo de las maras sobrepasa la capacidad estatal para hacerles frente. Tampoco han sido muy hábiles los demás países de Centroamérica en controlar el fenómeno. Con la filosofía del “mañana estaremos muertos”, los grupos delictivos han atravesado fronteras y se han convertido en un problema de seguridad regional. Aunque las cifras no son tan escabrosas en los demás países —El Salvador, sin estar en guerra, tiene las tasas de homicidio más altas del mundo: 55 por cada 100.000 habitantes—, el escenario se replica en todos.

Nacieron a comienzos de los ochenta cuando miles de centroamericanos salieron hacia Estados Unidos huyéndoles a las guerras civiles. En Los Ángeles, algunos de los jóvenes migrantes, en medio de la exclusión social, conformaron pandillas. Cuando llegó la paz a la región, las autoridades deportaron a muchos. Con el camino libre por la falta de oportunidades, se propagaron actividades delictivas relacionadas con drogas, robos, trata de blancas, tráfico ilícito de armas y de migrantes, así como el ‘boleteo’ a comerciantes y pequeños empresarios. Ya no hay tatuajes ni códigos de vestuario. Las maras de hoy no son los grupos lumpenizados de tiempo atrás. Éstas han mutado en complejas estructuras delictivas que, junto con los carteles mexicanos, imponen su ley a sangre y fuego en varios países del istmo. Hace un par de semanas, las maras, que conforman la tercera parte de la población carcelaria de El Salvador, paralizaron por 72 horas el país.

Mientras tanto en Colombia, como si ya no fueran pocos los problemas que padecemos, de unos años para acá viene acrecentándose la presencia de las pandillas que florecen silvestres y han resurgido de forma violenta en los últimos meses, particularmente en Medellín. Sus acciones deberían ser un campanazo de alerta para el país, pues la problemática, como se ve, no es de menor calado. En especial si se tiene en cuenta que se siguen comprobando peligrosas alianzas entre los carteles mexicanos y los colombianos. El contagio de este tipo de bandas centroamericanas encontrará terreno fértil en un país que, como el nuestro, tiene ya configuradas complejas cadenas subterráneas de ilegalidad. Bastante conocida es ya la revivificación del sicariato, la reconfiguración de los grupos paramilitares y la persistencia del narcotráfico.

 Aunque no todos los puntos de la ley salvadoreña merecen considerarse en el país, es de reconocer que el fenómeno es internacional y que sólo vinculándonos en políticas conjuntas y aprendiendo de la experiencia de los demás puede frenarse a tiempo. Hay que considerar, por ello, medidas como la penalización por mera pertenencia. “Pandilla” suena, en efecto, a un asunto juvenil y alocado, a una experiencia común en cierto rango de edad o, incluso, a un rechazo deseable hacia algún tipo de exclusión. No obstante, esta realidad no es siempre inofensiva. Sin permitir abusos y exigiendo pruebas de que el grupo ha efectivamente delinquido, la medida podría ayudar a las autoridades a capturar a aquellos que, por ejemplo, extorsionan, pero que su función no es adelantar el castigo. Es prudente valerse de mejores herramientas y de una apreciación del problema en sus justas proporciones. Juzgarlo como un asunto menor es arriesgarse a enfrentar otra de las siete plagas de Egipto cuando ya Colombia ha tenido que lidiar con demasiados actores generadores de violencia.

El presidente Mauricio Funes ha apoyado la medida que, entre otras, castiga a menores de 12 años, da herramientas para atacar el patrimonio de sus miembros y los inhabilita para integrar sociedades. Aunque el mandatario afirma que su país no se encuentra “a las puertas de un Estado fallido”, muchos otros aseguran que el poder operativo de las maras sobrepasa la capacidad estatal para hacerles frente. Tampoco han sido muy hábiles los demás países de Centroamérica en controlar el fenómeno. Con la filosofía del “mañana estaremos muertos”, los grupos delictivos han atravesado fronteras y se han convertido en un problema de seguridad regional. Aunque las cifras no son tan escabrosas en los demás países —El Salvador, sin estar en guerra, tiene las tasas de homicidio más altas del mundo: 55 por cada 100.000 habitantes—, el escenario se replica en todos.

Nacieron a comienzos de los ochenta cuando miles de centroamericanos salieron hacia Estados Unidos huyéndoles a las guerras civiles. En Los Ángeles, algunos de los jóvenes migrantes, en medio de la exclusión social, conformaron pandillas. Cuando llegó la paz a la región, las autoridades deportaron a muchos. Con el camino libre por la falta de oportunidades, se propagaron actividades delictivas relacionadas con drogas, robos, trata de blancas, tráfico ilícito de armas y de migrantes, así como el ‘boleteo’ a comerciantes y pequeños empresarios. Ya no hay tatuajes ni códigos de vestuario. Las maras de hoy no son los grupos lumpenizados de tiempo atrás. Éstas han mutado en complejas estructuras delictivas que, junto con los carteles mexicanos, imponen su ley a sangre y fuego en varios países del istmo. Hace un par de semanas, las maras, que conforman la tercera parte de la población carcelaria de El Salvador, paralizaron por 72 horas el país.

Mientras tanto en Colombia, como si ya no fueran pocos los problemas que padecemos, de unos años para acá viene acrecentándose la presencia de las pandillas que florecen silvestres y han resurgido de forma violenta en los últimos meses, particularmente en Medellín. Sus acciones deberían ser un campanazo de alerta para el país, pues la problemática, como se ve, no es de menor calado. En especial si se tiene en cuenta que se siguen comprobando peligrosas alianzas entre los carteles mexicanos y los colombianos. El contagio de este tipo de bandas centroamericanas encontrará terreno fértil en un país que, como el nuestro, tiene ya configuradas complejas cadenas subterráneas de ilegalidad. Bastante conocida es ya la revivificación del sicariato, la reconfiguración de los grupos paramilitares y la persistencia del narcotráfico.

 Aunque no todos los puntos de la ley salvadoreña merecen considerarse en el país, es de reconocer que el fenómeno es internacional y que sólo vinculándonos en políticas conjuntas y aprendiendo de la experiencia de los demás puede frenarse a tiempo. Hay que considerar, por ello, medidas como la penalización por mera pertenencia. “Pandilla” suena, en efecto, a un asunto juvenil y alocado, a una experiencia común en cierto rango de edad o, incluso, a un rechazo deseable hacia algún tipo de exclusión. No obstante, esta realidad no es siempre inofensiva. Sin permitir abusos y exigiendo pruebas de que el grupo ha efectivamente delinquido, la medida podría ayudar a las autoridades a capturar a aquellos que, por ejemplo, extorsionan, pero que su función no es adelantar el castigo. Es prudente valerse de mejores herramientas y de una apreciación del problema en sus justas proporciones. Juzgarlo como un asunto menor es arriesgarse a enfrentar otra de las siete plagas de Egipto cuando ya Colombia ha tenido que lidiar con demasiados actores generadores de violencia.