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En su primer discurso a la nación, Abelardo de la Espriella prometió “ser el presidente de todos los colombianos”. Esto significa, en sus palabras, garantizar los derechos de la oposición, respetar la separación de poderes y llevar a cabo una agenda de atención a varias crisis. Todo lo hará, dijo, en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley. Se trata de un mensaje bienvenido y necesario; sin embargo, no puede pasar inadvertido que en el mismo discurso dio pistas de varias acciones que chocan precisamente con los principios constitucionales.
La principal atención del presidente De la Espriella es la seguridad. Dio su discurso, como deseó, frente a las Fuerzas Militares. Dijo que la búsqueda de acuerdos mediante diálogos se agotó, que presentará una lista de organizaciones “narcoterroristas” y que da la orden de realizar una persecución sin cuartel a los grupos criminales. Era inevitable, pues el fracaso de la política de “paz total” de la administración de Gustavo Petro llevó al fortalecimiento de organizaciones criminales y dejó a muchos colombianos sintiéndose inseguros. En ese sentido, el nuevo Gobierno promete responder a una prioridad urgente. El problema es que no es tan claro lo que se pueda hacer con una ofensiva militar, dado que la violencia en Colombia ha evolucionado, cambiado de dinámicas y se urbanizó. Como escribimos en este espacio hace unos días, se necesita una estrategia integral que vaya más allá de dar golpes a algunos cabecillas. Estaremos atentos a ver cuáles son los planes una vez el nuevo Ministerio de Defensa entre en funciones.
La otra gran apuesta del Gobierno se concentra en la descentralización. El presidente De la Espriella invocó la figura de la regeneración para decir que, ahora, lo que se necesita es potenciar las capacidades en las regiones. Que cada entidad territorial pueda elegir cuáles son los proyectos que más necesita es cumplir una promesa de la Constitución. En el Gobierno pasado se aprobó la reforma a la distribución de los recursos, pero no tenemos una ley de competencias. La pregunta, entonces, es cómo se verá esa descentralización, más allá del gesto simbólico de utilizar Barranquilla como una capital alterna y de recorrer el país. El reto es enorme, pues los expertos han señalado que fortalecer a las entidades territoriales no es tan sencillo, necesita ajustes dependiendo de la región del país de la que estemos hablando, e implica negociaciones complejas con los congresistas que han operado como puentes entre el poder nacional y el local. ¿Se dará la pelea el nuevo Gobierno de romper con esas estructuras? Si lo logra, sería una buena noticia para la representatividad de la democracia colombiana.
El presidente nombró una serie de crisis que desea enfrentar: la salud, la soberanía energética, la corrupción... No hay detalles aún sobre qué se hará exactamente, pero como prioridades están acertadas. Junto con la seguridad, esos fueron los temas que más preocuparon a los colombianos en las pasadas elecciones, según encuestas. Lo que no puede ocurrir es que esas problemáticas lleven a propuestas que chocan con la Constitución, como la cadena perpetua.
También fueron preocupantes varios comentarios del presidente sobre la “batalla cultural” que librará. Dijo que fomentará la creencia en Dios y el rol fundamental de la “familia”. Nos preguntamos: ¿incluye en familia a las diversas, protegidas por la Corte Constitucional? ¿Y por qué el presidente privilegia la creencia en un Dios particular? La libertad de cultos y la noción del Estado laico existen para proteger a todas las creencias, incluida la no creencia, mediante la garantía de que los servidores públicos no tengan preferencias. En lo individual, por supuesto que el presidente puede tener su fe, como la han tenido todos sus antecesores. Empero, no puede ser política estatal priorizar una religión sobre las demás.
Para que quepamos todos, no olvidemos que Colombia es grande precisamente gracias a la diversidad de su gente.
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