Las trampas de los alcaldes y el doble rasero de la Procuraduría

Los alcaldes suspendidos hicieron méritos para ganarse su sanción, pero la Procuraduría debe explicar por qué no ha actuado en casos análogos. / Fotografía de referencia: Óscar Pérez

Foto: Óscar Pérez

La intervención en política de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, era descarada, socarrona y una burla a las normas que juraron respetar. Ambos merecían una sanción por tan burda irresponsabilidad y el mal ejemplo que les dan a los ciudadanos. El actuar de la Procuraduría, no obstante, muestra un doble rasero problemático.

Quintero y Hurtado salieron a victimizarse. En especial el alcalde de Medellín, que dijo, en su tono irresponsable que lo caracteriza, que empezó el “golpe de Estado en Colombia”. A esto le hizo eco el líder en las encuestas presidenciales, Gustavo Petro, quien habló de golpe de Estado con una ligereza que preocupa por el daño que le hace a la democracia. No, no estamos ante un golpe de Estado ni una extralimitación por parte de la Procuraduría. Bajo la Constitución y las leyes colombianas, el Ministerio Público sigue con la potestad de tomar este tipo de decisiones, aunque estamos pendientes de un fallo de la Corte Constitucional sobre el tema. Lo que busca todo este ruido, además de sacar réditos políticos, es ocultar que los mandatarios incumplieron la ley y no han mostrado el más mínimo acto de contrición por sus fallas.

Es un secreto a voces, por ejemplo, que Quintero está apoyando desde la Alcaldía la candidatura de Petro. No solo varios de sus secretarios han renunciado para unirse al Pacto Histórico, y su esposa Diana Osorio ha compartido tarima con el petrismo, actos legales, pero de dudable estatura moral, sino que el mismo alcalde ha hecho varias manifestaciones problemáticas. Al momento de votar mostró que lo haría en la consulta del Pacto Histórico a través de una fotografía poco disimulada. Hace apenas unos días publicó un video diciendo: “El cambio... en primera”, una clara alusión a la campaña de Gustavo Petro, quien busca que el “cambio” sea elegido en primera vuelta. Aunque, claro, el mandatario antioqueño dirá que lo estamos malinterpretando, sus intenciones son claras.

Aún más claro fue Hurtado. Cuando le preguntaron por quién votaría, contestó: “Ustedes saben que yo voy a votar la consulta presidencial del Equipo por Colombia. Yo me identi... Fico con todas las propuestas que sean en pro de sacar adelante nuestro país”. La pausa para decir “Fico” con claridad, el apodo por el que se conoce a Federico Gutiérrez, es un claro incumplimiento de sus deberes.

Ahora la pregunta es por qué otros servidores públicos no han corrido con la misma suerte. El presidente Duque ha abusado de su “libertad de expresión”, en sus palabras, para opinar en cada oportunidad que tiene sobre las propuestas de Gustavo Petro. El general Zapateiro fue claro en su desdén por la candidatura de Petro. Claudia López y otros alcaldes también han enviado mensajes poco crípticos. La vara de juicio debe aplicarse de manera equitativa.

Queda la pregunta sobre la potestad de la Procuraduría para suspender y destituir a funcionarios elegidos democráticamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no debe poder hacerlo, pero se aprobó una reforma que supuestamente atiende esta sentencia. Nos parece que, en cambio, se le hizo trampa a la Convención Americana y estamos en vísperas de otra condena contra Colombia. Es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie pronto. Mientras tanto, seguirá el circo político en plena época electoral.

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