Al monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, lo quieren silenciar por decir la verdad. Desde hace poco más de un mes, cuando empezó el escándalo nacional bajo el clamor de #SOSBuenaventura, Jaramillo ha sido una de las voces más claras y punzantes para explicar lo que ocurre. En sus declaraciones demuestra la insuficiente respuesta del Estado, la ambivalencia de los gobiernos nacional y distrital, así como la fuerte presencia de actores armados ilegales y del narcotráfico. En su frustración, se hace eco de cientos de miles de bonaverenses que ven cómo aumenta momentáneamente la fuerza pública en tiempos de crisis, solo para que después los problemas estructurales permanezcan. Las amenazas contra el monseñor son triste evidencia de la tragedia cíclica de Buenaventura.
Jaramillo anunció que recibió amenazas de muerte. Los reclamos de #SOSBuenaventura, que se tomaron las redes sociales y el debate público, permanecen vigentes. Pese a las promesas estatales, la violencia sigue siendo una amenaza. Como anunció monseñor en entrevista esta semana con Caracol Radio, “uno no puede señalar a alguien en concreto, pero la realidad empieza a salir a flote porque hay inconformidad. El número de asesinatos se calma, porque han cogido a varios de los cabecillas de las bandas, pero el tema estructural sigue”.
Lo frustrante es que la situación de Trujillo y de Buenaventura está lejos de solucionarse. Casi que se podría trazar un paralelo entre las respuestas típicas: a monseñor le reforzaron la seguridad, lo mismo hicieron con la ciudad; sin embargo, pese a ese gesto necesario, las amenazas continúan y el riesgo sigue siendo real. Volvemos a la necesidad de decir: #SOSBuenaventura.
Hace unas semanas, hablando con El Espectador, monseñor Jaramillo explicó lo difícil de la situación. “La gente siente que no hay autoridad, que la autoridad son los bandidos que están en la calle con sus armas dominando los territorios. Ellos son la autoridad aquí”, dijo. Y agregó una predicción que se hizo realidad: “La gente está asustada. Tienen miedo a las balas. No hay garantías de seguridad. Traen policías y cuando se calma la situación se van y volvemos a quedar en manos de los delincuentes”.
¿Cómo construir Estado en una zona de tanta riqueza y desigualdad? ¿Cómo combatir contra el narcotráfico, los grupos criminales y la corrupción? La respuesta supera a la fuerza pública, pero ningún gobierno ha sido capaz de mirar más allá y la insistencia en las medidas de siempre no ayuda. Como dijo en un pronunciamiento la comisión de apoyo a Amunafro (Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente) para el tema cultivos de uso ilícito: “No consideramos acertado insistir en lo mismo, porque con ello solo se asegurarán los mismos resultados, con las correspondientes pérdidas de vidas humanas, recursos públicos y el creciente deterioro ambiental”. Se trata de una postura razonable, pero que no tiene mucho eco en los pasillos de la Casa de Nariño ni en el Congreso. ¿Entonces, ¿cuál es la respuesta?
“Lo que necesitamos en Buenaventura es Estado, que es un todo: gobiernos locales, departamentales y nacionales”, le dijo Jaramillo a El Espectador. No es solo él. “No hay trabajo. Lamentablemente, muchos actores armados se pueden aprovechar de esa realidad que vive Buenaventura”, dijo también Leonard Rentería, activista y vocero de la sociedad civil. Hay soluciones, pero son complejas, requieren voluntad y una inversión considerable. ¿Aparecerá el Estado?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Al monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, lo quieren silenciar por decir la verdad. Desde hace poco más de un mes, cuando empezó el escándalo nacional bajo el clamor de #SOSBuenaventura, Jaramillo ha sido una de las voces más claras y punzantes para explicar lo que ocurre. En sus declaraciones demuestra la insuficiente respuesta del Estado, la ambivalencia de los gobiernos nacional y distrital, así como la fuerte presencia de actores armados ilegales y del narcotráfico. En su frustración, se hace eco de cientos de miles de bonaverenses que ven cómo aumenta momentáneamente la fuerza pública en tiempos de crisis, solo para que después los problemas estructurales permanezcan. Las amenazas contra el monseñor son triste evidencia de la tragedia cíclica de Buenaventura.
Jaramillo anunció que recibió amenazas de muerte. Los reclamos de #SOSBuenaventura, que se tomaron las redes sociales y el debate público, permanecen vigentes. Pese a las promesas estatales, la violencia sigue siendo una amenaza. Como anunció monseñor en entrevista esta semana con Caracol Radio, “uno no puede señalar a alguien en concreto, pero la realidad empieza a salir a flote porque hay inconformidad. El número de asesinatos se calma, porque han cogido a varios de los cabecillas de las bandas, pero el tema estructural sigue”.
Lo frustrante es que la situación de Trujillo y de Buenaventura está lejos de solucionarse. Casi que se podría trazar un paralelo entre las respuestas típicas: a monseñor le reforzaron la seguridad, lo mismo hicieron con la ciudad; sin embargo, pese a ese gesto necesario, las amenazas continúan y el riesgo sigue siendo real. Volvemos a la necesidad de decir: #SOSBuenaventura.
Hace unas semanas, hablando con El Espectador, monseñor Jaramillo explicó lo difícil de la situación. “La gente siente que no hay autoridad, que la autoridad son los bandidos que están en la calle con sus armas dominando los territorios. Ellos son la autoridad aquí”, dijo. Y agregó una predicción que se hizo realidad: “La gente está asustada. Tienen miedo a las balas. No hay garantías de seguridad. Traen policías y cuando se calma la situación se van y volvemos a quedar en manos de los delincuentes”.
¿Cómo construir Estado en una zona de tanta riqueza y desigualdad? ¿Cómo combatir contra el narcotráfico, los grupos criminales y la corrupción? La respuesta supera a la fuerza pública, pero ningún gobierno ha sido capaz de mirar más allá y la insistencia en las medidas de siempre no ayuda. Como dijo en un pronunciamiento la comisión de apoyo a Amunafro (Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente) para el tema cultivos de uso ilícito: “No consideramos acertado insistir en lo mismo, porque con ello solo se asegurarán los mismos resultados, con las correspondientes pérdidas de vidas humanas, recursos públicos y el creciente deterioro ambiental”. Se trata de una postura razonable, pero que no tiene mucho eco en los pasillos de la Casa de Nariño ni en el Congreso. ¿Entonces, ¿cuál es la respuesta?
“Lo que necesitamos en Buenaventura es Estado, que es un todo: gobiernos locales, departamentales y nacionales”, le dijo Jaramillo a El Espectador. No es solo él. “No hay trabajo. Lamentablemente, muchos actores armados se pueden aprovechar de esa realidad que vive Buenaventura”, dijo también Leonard Rentería, activista y vocero de la sociedad civil. Hay soluciones, pero son complejas, requieren voluntad y una inversión considerable. ¿Aparecerá el Estado?
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