Aunque con timidez, para no sonar desagradecidas, las personas que viven en las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto han empezado a expresar preocupaciones por la falta de acción del Estado frente a sus tragedias. Luego de una acuciosa primera fase llena de importantes anuncios y promesas bienvenidas, hemos conocido testimonios de personas en Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó que se sienten sin suficiente apoyo estatal. Si bien esta semana la administración de Abelardo de la Espriella anunció la conformación del llamado Fondo Milagro, sus reglas de funcionamiento no están suficientemente claras aún. La falta de reportes sobre las donaciones que recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama, Ana Lucía Pineda, genera un ruido innecesario que aumenta la frustración. Es momento de mostrar resultados tangibles.
Hace dos semanas el alcalde de Armenia, James Padilla, fue el primer mandatario de una de las ciudades afectadas que ventiló en público su frustración. Como lo retoma El Quindiano, Padilla dijo que “pese a la visita del presidente y del vicepresidente al departamento, no se ha concretado ningún compromiso claro con Quindío. Han pasado un mes y una semana y no hemos tenido comunicación, y eso me genera una preocupación inmensa, porque la gente desde el estrato 6 hasta la gente del estrato 1 tienen el mismo problema y la misma necesidad”. No ha sido el único. Esta semana, mientras el presidente De la Espriella anunciaba la conformación del “Fondo Milagro” en Pereira, voces de la sociedad civil en esa capital departamental se lamentaron por no sentirse escuchados y por falta de una mejor coordinación entre la nación y las entidades territoriales.
El presidente es consciente. En su discurso allí, dijo que agradecía “la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja (…). Sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro, gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este Gobierno”. El fondo se encargará de recoger los dineros de las zonas afectadas, será gerenciado por el empresario Jaime Andrés Uribe y será operado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, que recibirá 142 salarios mínimos sin IVA por esa labor, unos COP 248,6 millones mensuales. Se anunció también el acompañamiento de un Consejo Directivo conformado por Liliana Restrepo, Germán Bahamón, César Caicedo y Arturo Calle, todos con experiencia en el sector privado, más el secretario general de la Presidencia, Carlos Ríos.
La presencia de personalidades del sector privado es un acierto, pero ellos parecen enfrentarse a la incertidumbre por la “paquidermia” estatal de que habla el presidente. Esta semana, en entrevista con Blu Radio, Bahamón reconoció que no hay reglas claras, que no se sabe qué recursos entrarán y que todavía no se ha definido la articulación con fundaciones como la de la primera dama. Sobre si lo recaudado por ella será parte del Fondo, respondió: “Entendería que sí, pero no le puedo asegurar nada. El detalle lo vamos a conocer en la primera reunión que tengamos”. Más adelante dijo que todos los miembros del Consejo Directivo entienden “que lo que necesitamos es eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos para que las familias tengan la posibilidad de reconstruir sus viviendas”. Estamos de acuerdo. Para empezar, el país debe conocer exactamente cuánto se ha donado, quién lo ha recibido y cómo se ha usado. ¿Por qué llevamos dos meses sin saberlo? La paciencia de las víctimas es, comprensiblemente, limitada.
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