Libertad para Julian Assange

Todo lo que rodea el caso de Julian Assange, director de Wikileaks, es lamentable. Ahora que el Estado sueco ha decidido suspender la investigación en su contra por presunta violación, los reflectores están sobre las autoridades británicas y sus motivaciones para seguir obligándolo a quedarse recluido en la embajada de Ecuador. La amenaza constante de extradición a Estados Unidos no permitió que este caso fuese solucionado en los estrados judiciales, lo que deja, inevitablemente, a posibles víctimas frustradas y al mundo entero preguntándose si es necesaria la persecución política en contra de Assange.

“Estuve detenido por siete años sin cargos mientras que mis hijos crecían y mi nombre era manchado. No perdono ni olvido”, dijo Assange a través de su cuenta de Twitter. El resentimiento es justificado. En Suecia lo buscaba la justicia por presunta violación, pero todavía en una etapa preliminar de investigación, sin una valoración sobre si había lugar a presentar cargos. El director de Wikileaks y su equipo legal se mostraron abiertos a responder las preguntas de las autoridades suecas, pero no podían obviar que había una amenaza seria de extradición a Estados Unidos por algo sin ninguna relación con su investigación.

En esa dinámica estuvo Assange cinco años recluido en la embajada de Ecuador en Inglaterra, bajo estricta vigilancia —y amenaza— de las autoridades británicas de ser extraditado si salía del espacio diplomático. De manera inexplicable, los suecos tardaron cuatro años para realizarle una entrevista por internet para que respondiera por los hechos de que lo acusan. Demoras inhumanas e injustificadas que no sólo dan para pensar que detrás de todo hay intereses políticos superiores. Un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que luego fue desprestigiado y silenciado, sentenció además que en el caso Assange hay varias violaciones de derechos humanos en contra del director de Wikileaks.

Ahora, sin la investigación vigente, Inglaterra insiste en que capturará a Assange por no haber pagado una fianza. ¡Una fianza! Y, por supuesto, nada garantiza que, una vez en manos de los británicos, no será extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos de espionaje.

Sobre eso último no podemos guardar silencio: aunque hay debates serios que dar alrededor de las motivaciones del actuar de Wikileaks, no puede negarse que sus revelaciones han permitido que los ciudadanos del mundo sean más conscientes de los secretos que ocultan sus gobiernos. En esencia, la plataforma de filtraciones responde al principio de la libre difusión de información, al bien público que se protege cuando llega la luz a esos espacios dominados por el secretismo. En El Espectador publicamos en su momento los cables diplomáticos sobre Colombia en alianza con esa plataforma, y seguimos convencidos de que la democracia triunfa cuando los ciudadanos tienen toda la información posible, incluso aquella que muchos prefieren ocultar. Por todo lo anterior, rechazamos que se siga persiguiendo a Assange únicamente por lo incómoda que se ha vuelto su labor.

Finalmente, queda un pésimo sabor con lo ocurrido en Suecia, pues el caso fue cerrado no por falta de pruebas, sino por ser imposible continuar en la investigación. Elisabeth Massi Fritz, abogada de la presunta víctima, dijo que “es un escándalo que un presunto violador pueda escapar de la justicia y evadir las cortes. Mi cliente está atónita y ninguna decisión de cerrar el caso la hará cambiar de opinión en el hecho de que Assange la expuso a una violación”. Estamos de acuerdo: ojalá esto se hubiese resuelto en un tribunal. Pero la persecución de Estados Unidos y sus aliados dejó muchos perdedores y ningún ganador.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Todo lo que rodea el caso de Julian Assange, director de Wikileaks, es lamentable. Ahora que el Estado sueco ha decidido suspender la investigación en su contra por presunta violación, los reflectores están sobre las autoridades británicas y sus motivaciones para seguir obligándolo a quedarse recluido en la embajada de Ecuador. La amenaza constante de extradición a Estados Unidos no permitió que este caso fuese solucionado en los estrados judiciales, lo que deja, inevitablemente, a posibles víctimas frustradas y al mundo entero preguntándose si es necesaria la persecución política en contra de Assange.

“Estuve detenido por siete años sin cargos mientras que mis hijos crecían y mi nombre era manchado. No perdono ni olvido”, dijo Assange a través de su cuenta de Twitter. El resentimiento es justificado. En Suecia lo buscaba la justicia por presunta violación, pero todavía en una etapa preliminar de investigación, sin una valoración sobre si había lugar a presentar cargos. El director de Wikileaks y su equipo legal se mostraron abiertos a responder las preguntas de las autoridades suecas, pero no podían obviar que había una amenaza seria de extradición a Estados Unidos por algo sin ninguna relación con su investigación.

En esa dinámica estuvo Assange cinco años recluido en la embajada de Ecuador en Inglaterra, bajo estricta vigilancia —y amenaza— de las autoridades británicas de ser extraditado si salía del espacio diplomático. De manera inexplicable, los suecos tardaron cuatro años para realizarle una entrevista por internet para que respondiera por los hechos de que lo acusan. Demoras inhumanas e injustificadas que no sólo dan para pensar que detrás de todo hay intereses políticos superiores. Un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que luego fue desprestigiado y silenciado, sentenció además que en el caso Assange hay varias violaciones de derechos humanos en contra del director de Wikileaks.

Ahora, sin la investigación vigente, Inglaterra insiste en que capturará a Assange por no haber pagado una fianza. ¡Una fianza! Y, por supuesto, nada garantiza que, una vez en manos de los británicos, no será extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos de espionaje.

Sobre eso último no podemos guardar silencio: aunque hay debates serios que dar alrededor de las motivaciones del actuar de Wikileaks, no puede negarse que sus revelaciones han permitido que los ciudadanos del mundo sean más conscientes de los secretos que ocultan sus gobiernos. En esencia, la plataforma de filtraciones responde al principio de la libre difusión de información, al bien público que se protege cuando llega la luz a esos espacios dominados por el secretismo. En El Espectador publicamos en su momento los cables diplomáticos sobre Colombia en alianza con esa plataforma, y seguimos convencidos de que la democracia triunfa cuando los ciudadanos tienen toda la información posible, incluso aquella que muchos prefieren ocultar. Por todo lo anterior, rechazamos que se siga persiguiendo a Assange únicamente por lo incómoda que se ha vuelto su labor.

Finalmente, queda un pésimo sabor con lo ocurrido en Suecia, pues el caso fue cerrado no por falta de pruebas, sino por ser imposible continuar en la investigación. Elisabeth Massi Fritz, abogada de la presunta víctima, dijo que “es un escándalo que un presunto violador pueda escapar de la justicia y evadir las cortes. Mi cliente está atónita y ninguna decisión de cerrar el caso la hará cambiar de opinión en el hecho de que Assange la expuso a una violación”. Estamos de acuerdo: ojalá esto se hubiese resuelto en un tribunal. Pero la persecución de Estados Unidos y sus aliados dejó muchos perdedores y ningún ganador.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.