De esta forma se consolidaría una ambición gigantesca del gobierno de Juan Manuel Santos: redistribuir la tenencia de la tierra, regularizar los procesos de colonización campesina, superar las causas del conflicto con un programa de sustitución de cultivos... No es poco.
Esto es trascendental para el país. La zona del Catatumbo, que es en donde recaerá la política, no sólo ha sido testigo de un ataque generalizado y sistemático por parte de todas las violencias que coexisten en Colombia, sino también de la inequidad y la falta de políticas sociales (40% de los campesinos carecen de un título de propiedad), todas corregibles bajo el nuevo modelo campesino de tenencia de la tierra.
Sin embargo, hay un cuestionamiento muy grande que fue ampliamente expuesto en este diario el pasado domingo: en la zona de la reserva no hay presencia de comunidades indígenas, fundamentales, por supuesto, en todo el entramado de este proceso de paz que se está negociando.
De acuerdo con la carta que fue enviada a varias instituciones del Estado por parte de Diego Elías Dora, vocero del pueblo indígena motilón barí, el Gobierno quiere invisibilizar a los indígenas para cumplir una serie de acuerdos. Así fue como presentaron una acción de tutela que busca parar el proceso en vista de la violación que ellos ven en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Al mismo tiempo, la Corte Constitucional examina una demanda que se presentó contra la ley 160 de 1994, que contempla las zonas de reserva campesina. Esto se hizo así, dicho de una forma simple, porque a juicio de los accionantes se violaron los derechos de los indígenas al no consultarles la pertinencia de la norma en sus territorios ancestrales. Es así como nos encontramos frente a una encrucijada: una política necesaria para un país que ha sido injusto a la hora de repartir la tierra y el respeto que, constitucionalmente, merecen ciertas comunidades cuando se adelantan políticas en sus territorios.
¿Cuál es la salida? No luce fácil. Es impensable que las zonas de reserva campesina sean tumbadas o puestas en entredicho luego de la mucha lucha que, por ejemplo, una zona como la del Catatumbo ha tenido que enfrentar durante años. Mucho menos cuando se trata, como resulta obvio, de que este proyecto es la base fundamental para un proceso de paz exitoso.
Pero tampoco se puede hacer, como alegan las comunidades indígenas, por cumplir y ya, dejando los compromisos del Estado a un lado, simplemente por un bien mayor. El fin no justifica los medios. A la hora de hacer políticas de gran envergadura tiene que evitarse algo tan fácil (pero problemático) como cometer injusticias. Esa es la base del éxito real. No generar alternativas, hacer caso omiso a los intereses locales, dejar a un lado algunas de las obligaciones del Estado para dar rienda suelta a los intereses es lo que, justamente, tiene al Catatumbo inmerso en un río de sangre y de narcotráfico y de violencia.
Muy salomónica tendrá que ser la decisión final de la Corte. Muy por el lado de realzar los derechos de las poblaciones que allí se ven involucradas, así como el éxito del proceso de paz. No es fácil, pero el debate está abierto.
Por El Espectador
