La Corte Constitucional desató una polémica al tumbar, la semana pasada, un decreto que había alterado dos aspectos claves del régimen pensional en plena pandemia. Al tomar la decisión, el alto tribunal adoptó los argumentos de quienes veían la medida como una vulneración indebida a los derechos de la protección social de los colombianos, pero también hace que surjan más preguntas sobre cómo se van a restituir los aportes que no se dieron en abril y mayo. La providencia es un recordatorio de lo difícil que ha sido en el país tocar la maraña de las pensiones y el reto que persiste para aprobar una reforma integral y necesaria.
El Decreto 558 de 2020 generó discusiones fuertes desde que fue expedido. Adoptado por el Gobierno nacional en medio de la declaratoria de emergencia social y económica, pretendía tener dos efectos. Por un lado, permitía que por dos meses, de manera voluntaria, las empresas no hicieran la cotización completa de sus empleados, reduciendo el aporte del 16 al 3 %. Por otro, ordenaba el traslado de 25.000 pensionados de fondos privados a Colpensiones.
La primera medida tenía como propósito dar un alivio al empleo formal, mientras muchas empresas estaban empezando a cerrar y despedir a sus empleados. La segunda buscaba inyectarle recursos al sistema público. Sin embargo, desde el principio varios expertos expresaron sus dudas sobre tomar decisiones tan importantes de forma apresurada.
Al respecto, la Procuraduría había dicho que “en el caso de los afiliados a Colpensiones, la situación es particularmente gravosa, pues la reducción del aporte supone necesariamente menores ingresos al fondo común de vejez. Además, a pesar de tenerse en cuenta, las semanas no sumarán como adicionales a las 1.300 para acceder a una tasa de reemplazo mayor en el monto de la pensión, si el aporte es superior al salario mínimo, lo que afectaría el IBL de aquellos trabajadores que tienen un número superior de semanas a las de garantía de pensión mínima”. Según analistas, solo en Colpensiones dejaron de recibir entre $650.000 y $700.000 millones y para las AFP la cifra podría superar el billón de pesos.
Entonces, la Corte Constitucional optó por proteger los derechos de los colombianos. Aunque los magistrados dispusieron que “todo vuelve al estado en que se encontraba antes de la expedición del decreto”, no es claro el qué ocurrirá con las empresas que no hicieron los aportes adecuados. ¿Deberán pagarlos? ¿Y si la crisis continúa? Por supuesto, no es al tribunal al que le corresponde dar esas respuestas, sino al Gobierno. Será necesario tener en cuenta que la economía sigue golpeada, el desempleo en aumento y ya los efectos del decreto se habían materializado. También es un recordatorio de que el Estado necesita encontrar maneras creativas de financiarse ante la crisis.
Tenemos que hablar del régimen pensional. Sigue siendo una carga onerosa y plagada de personas que explotan sus lagunas. La tan prometida reforma pensional no se puede seguir aplazando. Colombia necesita nuevas reglas claras para que las generaciones de colombianos que están cotizando sepan cuáles serán las condiciones de un sistema que está en problemas. Que la caída del decreto sea la oportunidad para traer, de nuevo, el tema a la mesa.
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La Corte Constitucional desató una polémica al tumbar, la semana pasada, un decreto que había alterado dos aspectos claves del régimen pensional en plena pandemia. Al tomar la decisión, el alto tribunal adoptó los argumentos de quienes veían la medida como una vulneración indebida a los derechos de la protección social de los colombianos, pero también hace que surjan más preguntas sobre cómo se van a restituir los aportes que no se dieron en abril y mayo. La providencia es un recordatorio de lo difícil que ha sido en el país tocar la maraña de las pensiones y el reto que persiste para aprobar una reforma integral y necesaria.
El Decreto 558 de 2020 generó discusiones fuertes desde que fue expedido. Adoptado por el Gobierno nacional en medio de la declaratoria de emergencia social y económica, pretendía tener dos efectos. Por un lado, permitía que por dos meses, de manera voluntaria, las empresas no hicieran la cotización completa de sus empleados, reduciendo el aporte del 16 al 3 %. Por otro, ordenaba el traslado de 25.000 pensionados de fondos privados a Colpensiones.
La primera medida tenía como propósito dar un alivio al empleo formal, mientras muchas empresas estaban empezando a cerrar y despedir a sus empleados. La segunda buscaba inyectarle recursos al sistema público. Sin embargo, desde el principio varios expertos expresaron sus dudas sobre tomar decisiones tan importantes de forma apresurada.
Al respecto, la Procuraduría había dicho que “en el caso de los afiliados a Colpensiones, la situación es particularmente gravosa, pues la reducción del aporte supone necesariamente menores ingresos al fondo común de vejez. Además, a pesar de tenerse en cuenta, las semanas no sumarán como adicionales a las 1.300 para acceder a una tasa de reemplazo mayor en el monto de la pensión, si el aporte es superior al salario mínimo, lo que afectaría el IBL de aquellos trabajadores que tienen un número superior de semanas a las de garantía de pensión mínima”. Según analistas, solo en Colpensiones dejaron de recibir entre $650.000 y $700.000 millones y para las AFP la cifra podría superar el billón de pesos.
Entonces, la Corte Constitucional optó por proteger los derechos de los colombianos. Aunque los magistrados dispusieron que “todo vuelve al estado en que se encontraba antes de la expedición del decreto”, no es claro el qué ocurrirá con las empresas que no hicieron los aportes adecuados. ¿Deberán pagarlos? ¿Y si la crisis continúa? Por supuesto, no es al tribunal al que le corresponde dar esas respuestas, sino al Gobierno. Será necesario tener en cuenta que la economía sigue golpeada, el desempleo en aumento y ya los efectos del decreto se habían materializado. También es un recordatorio de que el Estado necesita encontrar maneras creativas de financiarse ante la crisis.
Tenemos que hablar del régimen pensional. Sigue siendo una carga onerosa y plagada de personas que explotan sus lagunas. La tan prometida reforma pensional no se puede seguir aplazando. Colombia necesita nuevas reglas claras para que las generaciones de colombianos que están cotizando sepan cuáles serán las condiciones de un sistema que está en problemas. Que la caída del decreto sea la oportunidad para traer, de nuevo, el tema a la mesa.
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