Tras diez años de la expedición de la Ley 1761 de 2015 (más conocida como Ley Rosa Elvira Cely), Colombia sigue en deuda con la protección de las niñas y mujeres que son violentadas en nuestro país y sufren discriminación sistemática. Mientras tanto en el mundo, dada la ola de gobiernos ultraconservadores, la tipificación del delito de feminicidio está bajo ataque de quienes no reconocen los triunfos logrados gracias a su consolidación en los códigos penales. Por la memoria de Cely y de todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia, nuestra sociedad y el Estado en todos sus ámbitos necesitan seguir avanzando en discusiones complejas que lleven a cambios tangibles.
El caso de Cely conmocionó al país por la gravedad de lo ocurrido, la sevicia de la violencia ejercida y la pésima reacción de todos los niveles del Estado colombiano. Hace apenas dos años, un juzgado de Bogotá condenó a varias entidades nacionales y locales por su negligencia. El tribunal encontró que la Fiscalía no actuó de manera correcta contra el asesino, Javier Velasco Valenzuela, quien ya había sido condenado por matar a otra mujer; la Secretaría de Salud de Bogotá tuvo que responder porque la ambulancia del caso tardó más de dos horas en llegar y luego no llevó a Cely al hospital más cercano. En revelaciones de El Espectador, también supimos que la Alcaldía de Bogotá intentó utilizar un argumento revictimizante para liberar su responsabilidad, ubicando la culpa en la víctima. Aunque después de nuestra publicación el Distrito desautorizó ese concepto, es síntoma de un país que seguía usando prejuicios para entender la violencia de género. Y, en efecto, fue por revelación de este diario que se supo que la Alcaldía de Medellín, en 2023 -estando ya vigente la ley-, culpó a Claudia Gómez por su propio feminicido en defensa a una demanda por la inacción de la Comisaría de Familia donde ella pidió ayuda. También tras la publicación de El Espectador, la Alcaldía cambió esa tesis.
Tal vez en este último aspecto está el principal legado de la Ley Rosa Elvira Cely. Promulgada como respuesta del Congreso a la indignación nacional, marcó un precedente para Colombia y América Latina al tipificar el delito de feminicidio. El Código Penal ahora tiene penas especiales para “quien cause la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”. Eso ayudó a cambiar la conversación nacional. Cuando antes abundaba en la prensa y en las discusiones públicas la idea de los “crímenes pasionales”, hoy sabemos que la realidad no tiene nada de romanticismo y se trata de violencia ejercida contra las niñas y mujeres. Se han logrado cambiar actitudes como culpar a las víctimas o darles menor valor a sus testimonios con base en estereotipos.
Eso no quiere decir que no falte trabajo. La Ley siempre se consideró un primer paso, pues necesitamos cambios culturales acompañados de procesos educativos. Las autoridades siguen siendo muy ineficientes al procesar estos casos, e incluso hay conflicto en la recolección de datos sobre feminicidios porque las entidades, como Medicina Legal, la Policía y la Fiscalía, lo tipifican de manera distinta. A esto se suma que la violencia no se ha detenido: el Observatorio Colombiano de Feminicidios reporta 362 feminicidios hasta mayo de este año, donde los principales perpetradores fueron conocidos de la víctima.
La solución no es eliminar la tipificación del feminicidio, como ha propuesto, por ejemplo, Javier Milei en Argentina. Al contrario, necesitamos redoblar esfuerzos para que las autoridades sepan cómo procesarlo, pero también para que el país entero entienda que romper con la violencia de género es un esfuerzo conjunto desde los colegios a los hogares. Con educación, reformas que empoderen a las mujeres más vulnerables económicamente y dando conversaciones difíciles. Honrar a Rosa Elvira Cely es seguir persiguiendo la promesa de no perder a una sola niña o mujer más.
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