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Las declaraciones de Olmedo López, publicadas por Noticias Caracol, son escandalosas, especialmente porque nos muestran que solo hemos visto la punta del iceberg sobre lo que sucedió en el manejo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Es cierto que todavía está por probarse lo que ha dicho el exdirector, como también lo es que las personas mencionadas tienen derecho al debido proceso y la presunción de inocencia. Empero, lo que sabemos por su sucesor en la Unidad, Carlos Carrillo, le ofrece credibilidad a lo que López y quien fuera su segundo al mando, Sneyder Pinilla, han dicho hasta ahora. Se coló la corrupción más rastrera a un alto cargo de la administración de Gustavo Petro. ¿Dónde queda la responsabilidad política?
Es imposible llegar a conclusiones con la información publicada hasta ahora. La declaración difundida por Noticias Caracol muestra que López, quien durante décadas perteneció a la izquierda colombiana y contaba con la confianza del propio presidente Petro, ha ofrecido involucrar a congresistas y varios ministros. En síntesis, dijo que la Ungrd era utilizada como caja menor para aprovecharse de sus mecanismos de contratación. Si suena plausible es por lo que ya vimos del caso de los carrotanques y porque el mecanismo de corrupción es conocido en varios gobiernos. El contraste es que esto ocurra en una administración que prometió el cambio y que se posicionó en la lucha anticorrupción.
Después de la declaración de López se compulsaron copias contra los congresistas Julio Elías Chagüi Flórez (de Unión por la Gente), Karen Astrih Manrique Olarte (de las curules especiales para la paz), Liliana Esther Bitar Castilla (del Partido Conservador), Juan Peinado Ramírez (del Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (de la Alianza Verde) y Juan Pablo Gallo Maya (del Partido Liberal). También dijo el exdirecor de la Ungrd que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ordenó entregar contratos e involucró al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al hoy director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Finalmente, afirmó que se habrían direccionado contratos para rescatar los diálogos de paz con el ELN.
En respuesta, ayer la Fiscalía citó a una audiencia de imputación contra Olmedo López y Sneyder Pinilla. Hasta la fecha, el ente investigador no ha mostrado sus cartas ni explicado en qué van las investigaciones o los posibles principios de oportunidad para los involucrados. Será esa audiencia la primera oportunidad de que le cuente al país cómo ha avanzado, mientras también se esperan decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí es urgente es que se le explique a Colombia lo que ocurrió y lo que las autoridades han podido descubrir en estas semanas de investigación.
Los involucrados dicen que las pruebas de López no existen y niegan cualquier comportamiento delictivo. Es cierto que, a la fecha, no conocemos cuáles son las evidencias que pueda aportar. Dicho lo anterior, es deleznable el discurso de unas cuantas “manzanas podridas” que se tomaron la Ungrd para rifarse contratos. Una entidad tan importante, con tanta financiación, dirigida por alguien de la confianza del presidente, no puede caer en tal negligencia. A medida que sepamos más, insistimos: ¿quién asume la responsabilidad política de los recursos de los colombianos?
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