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El canciller, Carlos Holmes Trujillo, dijo en días pasados que en un escenario crítico podrían llegar al país unos cuatro millones de migrantes venezolanos para 2021. El costo estimado para atenderlos estaría alrededor de los $26,6 billones. Frente al muy pertinente llamado de atención del ministro Trujillo, y la gravedad de una situación más que palpable en las plazas y carreteras del país, preocupa la indolencia reinante. Es hora de la solidaridad y no de la desidia.
No hay sino que salir a la calle para ver a cientos de personas que malviven, literalmente, de la caridad pública. Así estén de paso o hayan decidido quedarse aquí. Atrás dejaron enterrados sus sueños de una Venezuela mejor, frustrados por una corrupta dictadura. Se les ve hacinados en parques y plazas. Venden caramelos en los semáforos, trabajan en lo que sea y por lo que les paguen, sometiéndose a una explotación injusta. La mayoría de la gente siente lástima por ellos. Y aunque civiles con gran corazón y espíritu solidario les brindan afecto, alimentación, ropa o medicinas, en algunos sectores se sigue incubando la indeseable xenofobia.
La revista Semana publicó un informe titulado “La marcha de la infamia”, que retrata el padecimiento de quienes deben viajar a pie desde Cúcuta hasta Bucaramanga, pasando por Berlín, llamado por algunos el Páramo de la Muerte. Miles de personas mal alimentadas, con niños en los brazos, transitan 195 kilómetros en muy precarias condiciones, sin ropa adecuada, con neblina, bajo la lluvia y aguantando temperaturas hasta de -6 grados centígrados. Duermen donde los encuentre la noche. No existe algún tipo de refugio acondicionado para que se puedan guarecer de la inclemencia del clima. Se habla de personas que han fallecido por hipotermia, entre ellos niños. ¿Puede ser más dramático este panorama?
Lo es. Los migrantes venezolanos tienen que caminar, debido a una reglamentación colombiana según la cual no pueden viajar en bus los extranjeros que no tengan su pasaporte sellado. Como en Venezuela ya no se expiden pasaportes, a quien los lleve en un vehículo público le imponen un comparendo y a ellos los deportan a la frontera, donde vuelven a iniciar su viaje a pie. ¿No podrán las autoridades encontrar una solución temporal que les permita a los caminantes tomar un bus, pagando su pasaje, entre Cúcuta y Bucaramanga, para evitar el paso del páramo? ¿No podrían hacerlo con acompañamiento de algunos organismos internacionales como Acnur o la OEA?
Además, el único refugio que existía entre Cúcuta y Bucaramanga, ubicado en Pamplona, fue cerrado por las autoridades hace unos días. Allí doña Martha recibía a mujeres y niños para pasar la noche y alimenta a más de 250 personas al día. ¿No deberían existir para los 400 o 500 caminantes sitios con carpas, algún tipo de atención médica y algún alimento caliente para ayudarlos en esa penosa travesía? Esta ausencia la suplen personas solidarias de la sociedad civil. Por citar solo algunos casos, como Leonor Peña, venezolana que vive en Pamplona; la propia doña Martha; Juana Rico, de la Fundación Mujer y Futuro, que desde Bucaramanga lleva a los caminantes los aportes de personas generosas, o Alba Pereira, quien se ha convertido en el mayor apoyo para sus compatriotas en la Ciudad Bonita. Todas ellas hacen frente a este éxodo cotidiano que, lejos disminuir, aumenta. Les sobra voluntad, les faltan recursos.
El canciller Trujillo dijo que este problema no será transitorio. Así es. Ahora les corresponde a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, junto a los organismos multilaterales, asumir a la mayor brevedad posible la ayuda urgente a quienes ya están aquí o a quienes llegan diariamente. Hay que dejar atrás la indolencia de aquellos que miran para otro lado, como si no fuera problema suyo. O, mucho más grave, los xenófobos que solo los ven como delincuentes o indeseables. Hay que ejercer la solidaridad hacia quienes lo han perdido todo. Es la única alternativa.
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