Euclides Torres es un empresario que ha sabido moverse en el Estado colombiano. Ya hace varios años, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encontró que tiene una malla de empresas diseñadas para esconder su control y saltarse sanciones regulatorias. Ahora, una investigación reciente de La Silla Vacía demuestra que, después de ser financiador clave de la campaña presidencial de Gustavo Petro, ha sido de los principales beneficiarios de contratos con este Gobierno. En la valiosa lucha que el mandatario ha emprendido contra las licitaciones de un solo oferente, ¿no sería útil preguntarnos cómo se han adjudicado los contratos denunciados? ¿Será que se han dejado pasar faltas a la libre competencia? ¿Por qué la Casa de Nariño ha sido incisiva con otros contratistas y no con estos?
Solo después del escándalo que prendió la investigación periodística, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) anunció que suspendió el contrato por $95.000 millones para instalar paneles solares en el Caribe, entregado a una unión temporal conformada por empresas relacionadas con Euclides Torres. Entre lo que se supo, está el hecho de que el contratista beneficiado no tenía experiencia en la instalación de paneles solares y que en la práctica no hubo competencia alguna. Lo curioso es que la respuesta oficial había sido que no se podía probar la composición accionaria. ¿Por qué una investigación periodística logra lo que debería ser el trabajo mínimo de vigilancia por parte de las autoridades?
Además del contrato suspendido en cuestión, las empresas ligadas a Torres tienen otros $85.000 millones asignados desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro. No es ilegal, por supuesto, ni es el primer gobierno en tener contratistas predilectos, pero sí se trata de una práctica cuando menos cuestionable. La SIC ha estado en las noticias estos días por la inspección que le hizo a la Registraduría buscando violaciones a la competencia en lo relacionado con el software electoral, mientras el presidente Petro convirtió en polémica nacional la asignación del contrato para los pasaportes. El objetivo de tener más competencia y transparencia es bienvenido, pero no se puede jugar con favoritismos ni persecuciones.
En ese marco, la decisión del Fenoge es bien recibida, pero suscita muchas más preguntas. ¿Por qué se adelantó ese contrato con una empresa que no tenía experiencia? ¿Qué ocurrió con los otros proyectos adjudicados? ¿Por qué no se identificaron los lazos que llevan a la misma cabeza? ¿Por qué hay prácticas extrañas que no se miran con detenimiento, como la no presentación de seguros y requisitos por parte de “competidores”?
Empantana toda esta situación el hecho de que Torres fue mencionado en los infames audios de Armando Benedetti, hoy embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En su momento, cuando parecía querer enviar un mensaje a la Casa de Nariño, Benedetti, cercano al clan de los Torres, dejó entrever una financiación ilegal de la campaña presidencial en el Caribe. Lo mismo hizo Nicolás Petro ante la Fiscalía tras cambiar su versión. Nada se ha probado y solo hay especulaciones, pero por eso mismo la transparencia cobra particular relevancia. Si el Gobierno quiere liderar una cruzada por mejores prácticas de contratación pública, tiene que dar ejemplo.
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