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Otro carrobomba en Norte de Santander, esta vez en Los Patios, que forma parte del área metropolitana de Cúcuta. Al cierre de esta edición el reporte oficial daba cuenta de una persona muerta, siete policías heridos, dos de ellos de gravedad, y una ciudad presa del pánico. Hace apenas unas semanas dedicamos este espacio a un hecho similar. Desde entonces los grupos criminales han realizado ataques en distintas partes del país con el objetivo de enviar un mensaje al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. La respuesta ha sido priorizar la fuerza, en el marco de una “guerra total” contra la criminalidad. Se trata de una estrategia necesaria, pero que no termina de responder cómo se va a enfrentar una violencia cada vez más especializada, urbana y financiada por el narcotráfico.
No se puede leer la noticia sobre el atentado de esta semana sin referenciar el artículo reciente de la revista “The Economist”, que explica cómo Colombia está recibiendo más ingresos por la cocaína que por el petróleo. Como mencionamos en varias ocasiones durante las últimas dos administraciones, el aumento del poder de los grupos narcotraficantes ha llenado el país aún más de dinero ilegal que, a su vez, ayuda a armar a las organizaciones que quieren mandar sobre determinados territorios. Es un modelo similar al que se impuso en la última década en México. Por eso, cualquier estrategia sobre la violencia en nuestro país debe partir del reconocimiento de un cambio estructural en cómo, dónde y con qué recursos ocurre.
Lo que sí no cambia es el dolor de la tragedia. El general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, señaló al ELN por estos hechos y explicó cómo ocurrió: “Esta acción, por ejemplo, tomó aproximadamente entre 15 y 25 segundos desde el momento en que dejan el vehículo hasta el momento en que hace detonación el artefacto. Esta es la forma cobarde que ellos han venido utilizando toda la vida, son explosivistas”. El efecto es perverso, pues de nuevo, en palabras del general Alarcón, “tenemos siete uniformados que resultaron lesionados, dos de consideración que se encuentran en este momento en una unidad de cuidados intensivos, ocho particulares igualmente lesionados y un fallecido de nacionalidad venezolana”. Los testimonios de las familias de los afectados son descorazonadores.
El presidente De la Espriella viajó a Cúcuta para realizar un consejo de seguridad y, a través de su cuenta de X, envió un mensaje: “No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”. Es, por supuesto, necesario. La ofensiva de la Fuerza Pública de las últimas tres semanas ha dado resultados en capturas y neutralizaciones, pero también generado preguntas sobre la afectación a menores de edad reclutados forzosamente. Un comentario más profundo es sobre la estrategia integral: ¿cuál es la visión del Ministerio de Defensa para desmantelar los grupos criminales urbanos? Ya vimos el garrote, pero la fuerza tiene sus límites, más ante una violencia que ha cambiado de espacios.
El reto que enfrenta el gobierno De la Espriella es enorme. Tenemos múltiples grupos fortalecidos en número y en armas gracias a la financiación del narcotráfico y la influencia de organizacionales trasnacionales. La respuesta debe ser contundente y, sí, integral.
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