Para los de ruana

Los ciudadanos colombianos, en la mayoría de las ocasiones, no son testigos de lo que es una pronta y eficiente administración de justicia. Los casos se demoran, se anquilosan, pasan los años antes de que pueda ser emitido un fallo que dirima la disputa. Tanto un proceso declaratorio civil como uno de responsabilidad penal pueden tardar años enteros sin resolverse, acumulándose con otros miles de procesos y generando la tan mentada congestión judicial. Asimismo, el acceso a la justicia se hace muy difícil para el ciudadano de a pie.

La paz que dé fin al conflicto armado podría tardar muchas décadas más en lograrse. La justicia, ese elemento indispensable para lograr la paz, está ausente: no es sino ver lo que pasó con los procesos de Justicia y Paz que en este espacio denunciamos el domingo pasado. ¿Qué pasó, en efecto? Nada. Los procesos se estancaron, se multiplicaron, se hicieron imposibles de manejar. En unos meses —en parte por la inoperancia de los organismos de investigación y de los órganos judiciales— saldrán libres, sin sentencia ejecutoriada, los primeros presos desmovilizados del paramilitarismo.

Por ser estos los elementos constitutivos de un problema persistente es que varios gobiernos, incluyendo el actual, han pensado en hacer una reforma a la justicia de rango constitucional. Para que desde ahí pueda establecerse un marco que defina la acción de la justicia y corrija sus problemas endémicos. Hasta ahora el gobierno de Juan Manuel Santos les lleva una ventaja amplísima a sus predecesores: su reforma está a un solo debate de ser aprobada en el Congreso, mientras que las de antaño nacían prácticamente muertas.

En su momento apoyamos el instrumento. Nos parecía que pese a padecer algunos errores técnicos, iba por muy buen camino. Sin embargo, en el tire y afloje, entre los debates que dieron los directos implicados, la reforma que tendrá rango constitucional es una legislación más en causa propia que desestabiliza el régimen constitucional. Cada rama del poder público tendrá su ventaja. Los ciudadanos, esos que van a juzgados a diario a revisar la suerte de sus procesos, quedarán por fuera. Las cortes tendrán su beneficio: los juicios a los magistrados se volverán políticos, a cargo de la Corte Suprema de Justicia; el aumento del período de los magistrados, de 8 a 12 años —estando en el cargo, lo que es un disparate que la misma Corte Constitucional condenó en una sentencia que pretendía hacer lo mismo con alcaldes y gobernadores— y de la edad del retiro forzoso.

El Congreso gana mucho más, como consecuencia lógica de ser quienes legislan la norma: a la pérdida de investidura se le añadió el elemento de la proporcionalidad, asunto que hace la sanción mucho más corta, de un año aproximadamente, y que dilataría mucho la investigación. Asimismo sorprenden los artículos que hablan de los costos de los procesos, que serán asumidos por los ciudadanos cuando las denuncias sean infundadas o temerarias (desincentivándolos, por consiguiente) y también la eliminación de la figura de la detención preventiva (como tratándose de ciudadanos especiales) en la etapa de investigación. Ahora sólo podrán ser capturados en la acusación.

El Gobierno gana no sólo porque, de tanto ceder aprobaron su reforma, sino que sale adelante con algunos puntos que no representan una buena idea: por ejemplo, la asignación de funciones jurisdiccionales a notarios y abogados.

Así quedará la Constitución colombiana. Esto es, como dijimos hace un par de semanas, una vergüenza.