La grave situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido puesta sobre la mesa, de nuevo, por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Corroborando lo que encontraron en su informe del año anterior, más la degradación sufrida desde entonces, los hechos demuestran cómo el régimen del país vecino continúa violando todas las normas internacionales que protegen las mínimas garantías de sus ciudadanos. A pesar de las reiteradas denuncias internacionales, Nicolás Maduro se niega a abandonar el poder y permitir el retorno de la democracia.
En el informe del año pasado se expresó que, desde 2016, hay una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. Ahora, la alta comisionada hace expresa mención a las denuncias por tratos crueles que siguen recibiendo los presos —en especial los políticos—, las agresiones contra manifestantes opositores y periodistas, la detención y privación ilegal de la libertad de diputados opositores, la tensión entre las fuerzas de seguridad y la población, así como los allanamientos a las sedes de los partidos políticos, a ONG, autoridades universitarias y restricciones a la libertad sindical. Además del deterioro en salud.
En Colombia hay una percepción clara de lo que sucede en el país vecino, no solo por la cercanía, sino por el contacto con sus autoridades legítimas y con los casi dos millones de hermanos venezolanos que están aquí. Sus testimonios hacen que la solidaridad con todos aquellos que sufren los rigores de la dictadura de Nicolás Maduro sea absoluta. La posición del Gobierno colombiano, el anterior y el actual, ha sido ejemplar en su solidaridad frente a los migrantes. No puede ser de otra manera, pues las cifras que presenta la ONU son de una extrema gravedad: 2,3 millones de personas que “se encuentran en inseguridad alimentaria severa” y 4,9 millones de personas que han abandonado el país.
Se señala, además, la grave violación a los derechos económicos y sociales, debido a “los bajos salarios, los altos precios de los alimentos y las persistentes carencias de los servicios públicos”. Ni que decir en materia política, cuando Maduro continúa con su arremetida antidemocrática al obstaculizar el trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Con respecto al tema judicial, también se cuestiona el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia, al servicio del régimen, haya nombrado a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, sin contar con el consenso de todas las fuerzas políticas, lo que lleva a que se disminuya “la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
Como suele suceder, la reacción del régimen continúa siendo la misma de siempre: existe un plan internacional orquestado para hacerle daño a Venezuela. Los hechos mencionados no son ciertos, no fueron verificados y atentan contra la soberanía e independencia del país.
Parece olvidársele a Maduro que la Misión de la ONU se encuentra en el país por una invitación que él mismo les formuló, dado que considera que los informes de la OEA y de las ONG de derechos humanos están sesgados. Este tipo de argumentos coinciden con la gran preocupación que le genera a la cúpula del gobierno ilegítimo la casi segura deportación de Álex Saab a Estados Unidos. Toda la información que tiene acumulada Saab, como operador internacional del régimen, dejará al descubierto las infinitas irregularidades y los hechos de corrupción de la cúpula madurista.
Los señalamientos incluidos en la actualización del informe de la ONU son muy pertinentes. Corroboran que Maduro no va a permitir un pronto retorno a la democracia mediante elecciones libres, independientes y justas, que den garantías a todos sus participantes y que cuenten con una válida observación internacional. La violación indiscriminada de los derechos humanos seguirá siendo la respuesta del régimen.
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