Lo requiere el narcotráfico, que en algunas de sus playas embarca coca —y antes marihuana—. Lo desea un sector pudiente del poder regional samario, que desde siempre ha intentado urbanizarlo y ahora intenta su explotación económica a partir de todo tipo de iniciativas hoteleras y de aparente desarrollo sostenible. Y de un tiempo para acá lo usufructúan turistas extranjeros que alargan sus vacaciones hasta convertirlas en permanentes.
Del total de las 15.000 hectáreas terrestres que conforman el Parque Tayrona, al día de hoy cálculos aproximativos estiman que el 95% está en manos de particulares, como lo destacó un informe de este diario el domingo pasado. Un preocupante 5% le pertenece al Gobierno, y ello pese a que en 1964 una resolución del Inderena que tenía por propósito su protección lo elevó a la categoría de Parque Nacional. Se pensó que en adelante nadie podría vender o comprar tierras y toda construcción requeriría de una estricta licencia ambiental. En general, un saludo a la bandera.
El narcotráfico la emprendió contra el Parque Tayrona y sus antiguos habitantes. El grueso de los campesinos hace muchos años abandonó las tierras, que hoy diversos grupos armados se disputan para el transporte de la cocaína. Después de que en los años ochenta la guerrilla hizo presencia en la región y tomó control de un ala de la Sierra Nevada de Santa Marta, siniestros personajes como Hernán Giraldo, comandante paramilitar del bloque Resistencia Tayrona, asumieron la lucha antisubversiva y la protección de los intereses económicos de la élite regional. El Parque Tayrona sufrió las embestidas de los violentos y diversos casos de justicia paramilitar escandalizaron al país. En épocas recientes, varios son los funcionarios que han sido asesinados ejerciendo sus funciones, incluida la ex directora del Parque, Martha Lucía Hernández Turriago.
Las élites regionales, algunas pocas familias pudientes y adineradas que antes de la resolución del Inderena ya eran dueñas de un porcentaje alto de tierras, tomaron ventaja del Estado y la protección paramilitar. Inicia la penetración de las notarías y en adelante se ferian tierras y propiedades con todas las anomalías jurídicas que pueda suponerse. Falsas tradiciones erigen construcciones privadas sin licencia ambiental y en terrenos adquiridos después de 1964. Dueños de tierras que no disponen de las delimitaciones específicas siembran cultivos extensivos y venden a particulares que, a su vez, venden lo que compraron. Los predios crecen, propiedades cuya extensión oscila en las 2.000 hectáreas, disponen de cédula catastral por más de 5.000. Hay quienes venden hasta cuatro veces lo que tienen y los nuevos predios, después de sucesivos englobes y desenglobes, obtienen nombre, número de folio y escritura pública.
Junto a éstos, que protagonizan las grandes transacciones, existen también los constructores que acechan a humildes pescadores prestos a vender sus tierras alegando años de posesión. Algunos son extranjeros con proyectos a largo plazo dispuestos a edificar modernas estructuras, lujosos hoteles o simples bohíos que, de cualquier manera, riñen con la estabilidad del ecosistema.
No hay que llamarse a engaños, el Tayrona podrá ser un Parque Nacional Natural del que muchos disfrutan en sus vacaciones, pero lo cierto es que les pertenece a unos pocos.
Por El Espectador
