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Volver a hablar de frentes de seguridad muestra la frustración que recorre el país luego de años de políticas de seguridad fallidas. Más allá de las discusiones sobre los indicadores, tanto en el campo como en las ciudades hay una sensación creciente de inconformidad con la capacidad del Estado para garantizarla. Año y medio después de llegar a la Casa de Nariño, el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en la encrucijada entre una política de paz que tiene atada de manos a la Fuerza Pública y unos grupos criminales que siguen delinquiendo sin mayor intención de modificar sus actos. Ante la ausencia de presencia estatal retornan los ecos del paramilitarismo, aunque, por fortuna, el debate público se ha moderado considerablemente. En esencia, el problema es el mismo: sin seguridad no hay paz.
Quien puso sobre la mesa la discusión fue el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie. Pidió unos frentes de seguridad en la ruralidad que permitan a las personas protegerse de las constantes invasiones a sus tierras. Si con esto aterrizaron los ecos del pasado violento es porque se trata de la misma justificación que operó en los años noventa y llevó a uno de los períodos más sangrientos en la historia de Colombia. Inmediatamente se habló de que no se trata de armar a la población (aunque paralelamente ha revivido la discusión sobre el porte de armas motivado por políticos cercanos a Lafaurie, incluida su esposa, la senadora María Fernanda Cabal) ni tomar justicia por mano propia. Pero las alarmas se encendieron con justa razón.
Esta semana, después de una reunión en la Casa de Nariño, se “descafeinó” la propuesta. En entrevista con Noticias RCN, Lafaurie dijo que “el presidente (Petro) compartió el diagnóstico. El territorio no puede ser para los bandidos y la única manera como el ciudadano del común puede actuar con las autoridades es generando un tejido social de protección”. Hablando con W Radio, agregó: “la gente tiene miedo y el miedo es el peor consejero”. Su propuesta terminó convertida en algo que ya existe, como lo señaló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro: “Ya existen en las ciudades frentes de seguridad, donde la comunidad se une, donde se capacitan, la comunidad sabe lo que tiene que hacer cuando hay un problema de inseguridad sin tomar la justicia por su mano”.
Entonces, por fortuna, el Estado no va a claudicar en su monopolio de la seguridad, pero la sola existencia de este debate muestra el cansancio de las personas y las fallas en seguridad del Gobierno Nacional. Ante el Congreso de la República, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel José Daniel Gualdrón, contó que hicieron “una reunión con más de 500 personas que asistieron para poder articular las 533 empresas de vigilancia... para poder buscar la manera de articular toda esa capacidad humana que tienen ellos como corredores, tienen supervisores, tienen cámaras”. A esos frentes de seguridad se unirán los moteros y taxistas, dispuestos a denunciar. ¿Se puede garantizar que esa articulación no termine en cacerías de brujas? Estamos viendo, quizá, medidas que buscan impacto en la opinión -en esa bendita “percepción de inseguridad”- sin tener en cuenta lo que implican para las potestades del Estado. ¿En la ambición de una paz total se va a sacrificar la responsabilidad del Estado con la seguridad de los ciudadanos? No podemos olvidar lo que escribió Alejandro Reyes para El Espectador: “La inseguridad asfixia la paz y la seguridad la hace inevitable”.
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