A los gritos no

Tanto el consenso como el disenso son imposibles de fomentar si en lo que caemos es en el matoneo y la violencia verbal. / Archivo El Espectador

El anuncio de la Fiscalía esta semana de que imputará cargos a dos gobernadores y a tres exgobernadores por presuntos hechos de corrupción desató un fuerte enfrentamiento entre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la senadora de la Alianza Verde Claudia López, quien salió en defensa de dos de los implicados y acusó al fiscal de usar la justicia con fines políticos. El tono violento al que llegó la discusión sentó un precedente preocupante para los debates que se avecinan en los próximos meses de cara a las elecciones de 2018.

Durante la discusión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se llevaba a cabo en el Congreso el pasado miércoles, la senadora López acusó airadamente al fiscal Martínez de que la detención del exalcalde de Magangué Marcelo Torres y la compulsa de copias por supuesta corrupción en contra del gobernador de Nariño, Camilo Romero, ambos miembros de su colectividad, obedecían a una “persecución política” contra la oposición y en favor del Partido Cambio Radical y su candidato presidencial, Germán Vargas Lleras.

Acusaciones muy graves que —aunque con un tono impropio también de su investidura— Martínez logró desvirtuar de manera más bien sencilla. Primero porque las acusaciones en contra de Torres y Romero son lo suficientemente graves como para ser ignoradas, pero además porque las decisiones de esta semana también cobijan a fichas claves de Cambio Radical, como la imputación de cargos a Sandra Paola Hurtado, exgobernadora de Quindío, y al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

Todos, claro, deben tener derecho a su defensa en igualdad de condiciones, pero si la Fiscalía considera que hay razones de peso, los hechos denunciados deben ser tomados con seriedad y los procesos deben seguir su curso de acuerdo con la ley. Rechazamos ese discurso de que cuando las instituciones investigan es una persecución y cuando no lo hacen es impunidad. O, peor, que cuando se investiga a los copartidarios es injusto, pero cuando se les sigue proceso a los contradictores, ya era hora.

En un momento como el actual, cuando atravesamos una profunda crisis institucional, debemos exigir de nuestros líderes mayor responsabilidad. No podemos deslegitimar las actuaciones de las instituciones sólo porque van en contra de nuestros intereses. Tras una avalancha de escándalos que parece que va a sofocar al país, las instituciones —entre ellas la Fiscalía y los órganos de control— están reaccionando. Es crucial no sólo que recuperemos la confianza en ellas, sino también que dejemos que hagan su trabajo sin acusaciones infundadas ni prejuicios anticipados.

Más aún en esta época electoral que apenas comienza, cuando corremos el peligro de que el tema de la corrupción se vuelva la bandera de un discurso político, y no de toda la sociedad, y en un fortín ideológico desde donde atacar al otro. Como señaló Nicolás Uribe en su columna de El Espectador ayer, “el desprestigio institucional será el fundamento de varias campañas y algunas propuestas totalitarias sólo tienen viabilidad política en un escenario de total descomposición”. ¿En verdad queremos ir hacia allá?

El disenso, y el debate que lo acompaña, son fundamentales en cualquier sociedad democrática. No se trata de abandonarlos, ni de dejar de denunciar cuando haya que hacerlo y a quien bien lo merezca. Pero tanto el consenso como el disenso son imposibles de fomentar si en lo que caemos es en el matoneo y la violencia verbal.

Si la vara con la que medimos la ética y la moral de nuestros contradictores depende de su ideología, nunca podremos establecer un diálogo entre iguales, y mucho menos convivir en paz. Unos votos de más, o de menos, pueden dar espera.

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