Los habitantes de calle y la limpieza social
El Espectador
El debate llevado a cabo el día de ayer en el Concejo de Bogotá por la crisis que están viviendo los habitantes de calle que salieron del Bronx después de la intervención de las autoridades demuestra, una vez más, la complejidad del problema, la difícil actitud de la ciudadanía y la falta de herramientas eficaces para solucionarlo.
El aspecto más preocupante lo dio a conocer Carmen Castañeda, personera distrital, quien dijo que “a los habitantes de calle se les quiere hacer una limpieza social” a través de la donación de alimentos envenenados para quitarles la vida. Castañeda, de manera adecuada, denunció la retórica que ha sido utilizada por ciertos sectores de la población donde se degrada al habitante de calle como si no tuviese derechos ni mereciese respeto. “No podemos permitir que, por ejemplo, en las marchas que se están haciendo digan que los quieren sacar de la ciudad”, dijo la personera, denunciando el tono que han adquirido las protestas ciudadanas.
La limpieza social no es un problema nuevo en el país. Lo que estremece es ver cómo los ciudadanos, cuando las autoridades no les cumplen de manera inmediata sus solicitudes de protección, ven como éticamente válido tomar la justicia por mano propia. El patrón es el mismo: se utilizan discursos que le quitan derechos a una población (en este caso, los habitantes de calle), a tal punto que se vea como necesario y justificado erradicarlos.
La violencia nunca está justificada, así como tampoco es una buena práctica social ver al otro como un ciudadano de segunda clase con menos derechos. Si cada persona puede decidir cuándo alguien merece ser castigada, por fuera del sistema judicial, nunca vamos a poder acabar con los conflictos que han plagado a Colombia.
Pero que se esté hablando de limpieza social en este caso demuestra el desespero de ciertas personas, especialmente comerciantes, por culpa de los crímenes que ciertos habitantes de calle han cometido, así como del saboteo y la inseguridad que se han causado desde que se desalojó el Bronx. El problema es que la Alcaldía no encuentra la manera de llevar a los habitantes de calle que estén en la drogadicción a procesos de rehabilitación, y ha circulado la idea de permitir que se declare la interdicción para que se les obligue a vincularse a estos procesos.
No obstante, la Corte Constitucional, en Sentencia T-043/15 que el Distrito y algunos ciudadanos han pedido que se revise, estableció que “cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible en tanto cosifica al habitante de calle en aras de un supuesto modelo ideal del ciudadano virtuoso o a manera de una acción preventiva en contra de un potencial criminal”.
Esa consideración sigue vigente. Por más frustrante que pueda resultar para el Estado la existencia de personas cuya adicción ha sido usada como manipulación para llevarlos a cometer crímenes, la autonomía individual sigue siendo uno de los pilares de la Constitución, y no se pierde cuando se elige consumir drogas.
El rol de las autoridades, entonces, debe ser persuadirlos, con ofertas integrales de rehabilitación, de iniciar esos procesos. Y, si se niegan, prestar la seguridad a los comerciantes para evitar los delitos, así como seguir buscando alternativas para ayudar a los habitantes de calle.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com
El debate llevado a cabo el día de ayer en el Concejo de Bogotá por la crisis que están viviendo los habitantes de calle que salieron del Bronx después de la intervención de las autoridades demuestra, una vez más, la complejidad del problema, la difícil actitud de la ciudadanía y la falta de herramientas eficaces para solucionarlo.
El aspecto más preocupante lo dio a conocer Carmen Castañeda, personera distrital, quien dijo que “a los habitantes de calle se les quiere hacer una limpieza social” a través de la donación de alimentos envenenados para quitarles la vida. Castañeda, de manera adecuada, denunció la retórica que ha sido utilizada por ciertos sectores de la población donde se degrada al habitante de calle como si no tuviese derechos ni mereciese respeto. “No podemos permitir que, por ejemplo, en las marchas que se están haciendo digan que los quieren sacar de la ciudad”, dijo la personera, denunciando el tono que han adquirido las protestas ciudadanas.
La limpieza social no es un problema nuevo en el país. Lo que estremece es ver cómo los ciudadanos, cuando las autoridades no les cumplen de manera inmediata sus solicitudes de protección, ven como éticamente válido tomar la justicia por mano propia. El patrón es el mismo: se utilizan discursos que le quitan derechos a una población (en este caso, los habitantes de calle), a tal punto que se vea como necesario y justificado erradicarlos.
La violencia nunca está justificada, así como tampoco es una buena práctica social ver al otro como un ciudadano de segunda clase con menos derechos. Si cada persona puede decidir cuándo alguien merece ser castigada, por fuera del sistema judicial, nunca vamos a poder acabar con los conflictos que han plagado a Colombia.
Pero que se esté hablando de limpieza social en este caso demuestra el desespero de ciertas personas, especialmente comerciantes, por culpa de los crímenes que ciertos habitantes de calle han cometido, así como del saboteo y la inseguridad que se han causado desde que se desalojó el Bronx. El problema es que la Alcaldía no encuentra la manera de llevar a los habitantes de calle que estén en la drogadicción a procesos de rehabilitación, y ha circulado la idea de permitir que se declare la interdicción para que se les obligue a vincularse a estos procesos.
No obstante, la Corte Constitucional, en Sentencia T-043/15 que el Distrito y algunos ciudadanos han pedido que se revise, estableció que “cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible en tanto cosifica al habitante de calle en aras de un supuesto modelo ideal del ciudadano virtuoso o a manera de una acción preventiva en contra de un potencial criminal”.
Esa consideración sigue vigente. Por más frustrante que pueda resultar para el Estado la existencia de personas cuya adicción ha sido usada como manipulación para llevarlos a cometer crímenes, la autonomía individual sigue siendo uno de los pilares de la Constitución, y no se pierde cuando se elige consumir drogas.
El rol de las autoridades, entonces, debe ser persuadirlos, con ofertas integrales de rehabilitación, de iniciar esos procesos. Y, si se niegan, prestar la seguridad a los comerciantes para evitar los delitos, así como seguir buscando alternativas para ayudar a los habitantes de calle.
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