La llegada de Salvatore Mancuso a Colombia descongela un proceso que quedó en pausa cuando él y el resto de jefes paramilitares fueron extraditados en 2008. A pesar de que cumplió más de 15 años de condena en una prisión de Estados Unidos por narcotráfico, tiempo en el que, mediante participación remota, aportó a varios casos en nuestro país, la sensación es que su partida enterró mucha verdad y oportunidades de reparación a las víctimas. Su retorno llega enrarecido por un rol de gestor de paz, donde aún no es muy claro qué tanto le pueda aportar a la apuesta de paz total del gobierno de Gustavo Petro, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está en vísperas de decidir cómo utilizar sus testimonios dados bajo reserva. Lo más importante es que las acusaciones venideras tengan pruebas y, ante todo, que las víctimas marquen la parada.
Mancuso estuvo en el centro de una década sangrienta y traumática para Colombia. El exjefe paramilitar es responsable directo de por lo menos 300 muertes y participó en masacres como la de Mapiripán, El Salado y La Gabarra, donde fueron asesinados más de 150 campesinos. Tiene, además, más de 30 órdenes de captura y procesos abiertos por asesinatos, lavado de activos y desapariciones. Su caso evidencia las limitaciones de la jurisdicción de Justicia y Paz, que ha sido lenta, ineficiente y llena de obstáculos. Lo explicó bien el presidente Gustavo Petro cuando anunció la designación de Mancuso: “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”. Son muchos los pendientes.
En carta publicada a su llegada a Colombia, Mancuso dijo que constituirá una mesa técnica para cerrar “lo que quedó pendiente en Ralito”, para acompañar diálogo con los distintos grupos herederos del paramilitarismo y para apoyar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El Espectador habló con víctimas que expresaron su deseo principalmente por dos intervenciones del exjefe paramilitar: una en el aporte de verdad y otra en facilitar los procesos de restitución de tierras y bienes que se han visto truncados. Una víctima que habló con el periódico, y pidió anonimidad, dijo que su ayuda “nos daría un parte de tranquilidad a las personas que vivimos la violencia, porque estamos a la espera de la verdad en nuestro territorio”. Siguen pasando los años y los procesos están en un limbo que parece eterno.
Quedan muchos interrogantes. Este viernes sabremos si Mancuso estará en libertad, pero su proceso ante la JEP depende de las pruebas que aporte para sustentar sus acusaciones. Con los tribunales de paz en crisis de legitimidad, ¿el nuevo gestor se unirá a los llamados de un tribunal de cierre? Empieza, ahora sí, un proceso necesario de justicia para Colombia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
La llegada de Salvatore Mancuso a Colombia descongela un proceso que quedó en pausa cuando él y el resto de jefes paramilitares fueron extraditados en 2008. A pesar de que cumplió más de 15 años de condena en una prisión de Estados Unidos por narcotráfico, tiempo en el que, mediante participación remota, aportó a varios casos en nuestro país, la sensación es que su partida enterró mucha verdad y oportunidades de reparación a las víctimas. Su retorno llega enrarecido por un rol de gestor de paz, donde aún no es muy claro qué tanto le pueda aportar a la apuesta de paz total del gobierno de Gustavo Petro, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está en vísperas de decidir cómo utilizar sus testimonios dados bajo reserva. Lo más importante es que las acusaciones venideras tengan pruebas y, ante todo, que las víctimas marquen la parada.
Mancuso estuvo en el centro de una década sangrienta y traumática para Colombia. El exjefe paramilitar es responsable directo de por lo menos 300 muertes y participó en masacres como la de Mapiripán, El Salado y La Gabarra, donde fueron asesinados más de 150 campesinos. Tiene, además, más de 30 órdenes de captura y procesos abiertos por asesinatos, lavado de activos y desapariciones. Su caso evidencia las limitaciones de la jurisdicción de Justicia y Paz, que ha sido lenta, ineficiente y llena de obstáculos. Lo explicó bien el presidente Gustavo Petro cuando anunció la designación de Mancuso: “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”. Son muchos los pendientes.
En carta publicada a su llegada a Colombia, Mancuso dijo que constituirá una mesa técnica para cerrar “lo que quedó pendiente en Ralito”, para acompañar diálogo con los distintos grupos herederos del paramilitarismo y para apoyar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El Espectador habló con víctimas que expresaron su deseo principalmente por dos intervenciones del exjefe paramilitar: una en el aporte de verdad y otra en facilitar los procesos de restitución de tierras y bienes que se han visto truncados. Una víctima que habló con el periódico, y pidió anonimidad, dijo que su ayuda “nos daría un parte de tranquilidad a las personas que vivimos la violencia, porque estamos a la espera de la verdad en nuestro territorio”. Siguen pasando los años y los procesos están en un limbo que parece eterno.
Quedan muchos interrogantes. Este viernes sabremos si Mancuso estará en libertad, pero su proceso ante la JEP depende de las pruebas que aporte para sustentar sus acusaciones. Con los tribunales de paz en crisis de legitimidad, ¿el nuevo gestor se unirá a los llamados de un tribunal de cierre? Empieza, ahora sí, un proceso necesario de justicia para Colombia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.