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El problema de buscar ejercer justicia veloz, por mano propia, sin juicio, utilizando las redes sociales como mecanismo de difusión masiva, es que se corre el riesgo de cometer graves errores que dañan la vida de las personas. Por intentar proteger a un menor de edad en supuesto riesgo de abuso sexual, activistas de la niñez y cientos de miles de usuarios de redes volvieron viral un video acusando a una persona inocente. Las autoridades actuaron como es debido, respondiendo a la denuncia con celeridad, pero también poniendo en marcha una investigación rigurosa y garante del debido proceso. No hemos visto, sin embargo, el mismo nivel de contrición por parte de quienes se encargaron de agrandar el escándalo, en desmedro de los mismos niños que buscaban defender.
En Usaquén, localidad de Bogotá, un hombre salió con un niño al balcón. Alguien gritó que estaba cometiendo abuso sexual, lo que llevó a la consternación de los vecinos. Otra persona grabó. Ese video se subió a redes sociales con mensajes de indignación. El hombre quedó graduado de violador en instantes, el niño de víctima y las críticas a las autoridades no se hicieron esperar. Hasta el presidente de la República publicó en su cuenta de X: “el pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EE. UU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado”. ¿Por qué el mandatario vio en un hecho posiblemente atroz la oportunidad perfecta para hacer política? Sería útil que reflexionara al respecto.
Fue el mismo presidente Petro el que tuvo que salir a enmendar las acusaciones. Resulta que, hechas las primeras investigaciones y el peritaje a los tres menores de edad encontrados con el hombre señalado de criminal, no hubo rastros de violencia física ni indicios de abuso sexual. “Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”, escribió el presidente. “Buena lección de realidad a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad”, dijo, para después lanzar largos párrafos interviniendo en política. Sólo queremos dejar un mensaje para el habitante de la Casa de Nariño: su uso de X lo ha expuesto una y otra vez a información sin verificar que luego amplifica sin reparos. ¿No será momento de responsabilizarse por la desinformación?
A pesar del mensaje del mandatario, quienes potenciaron el caso no bajaron la guardia. Camila Rojas, activista por los derechos de la niñez que ayudó a difundir el video a cientos de miles de personas, dijo: “quiero que no minimicen el acto. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de tratar a un menor, porque esa no es la forma de corregir a un menor, porque eso que estaba pasando es un abuso y ustedes lo tienen que tener completamente claro”. En esa declaración hay el retrato perfecto del problema de los justicieros de redes sociales. Ante la evidencia de que hubo un error, se redobla un juicio de valor con información incompleta, de manera irresponsable, que se difunde en una cámara de eco para hacer mucho daño.
Por supuesto que debemos combatir el abuso sexual. Si se ve algo, se debe denunciar así haya dudas. Pero cuando se agrega una dimensión de hoguera virtual y se mezcla con la ligereza de quienes consideran que jamás se equivocan, terminamos en un desastre. Como dijo Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en entrevista con Blu Radio: “El escenario que se pintó en redes sociales y medios está completamente descartado”. ¿Quién responde por el daño hecho por las acusaciones en caliente?
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