Y entonces el desmoronamiento del contrato social que nos rige se hace inevitable. Por ello, la denuncia contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Ignacio Pretelt, sobre presuntos ofrecimientos a un abogado para fallar una tutela a su favor, no es una denuncia cualquiera sino algo mucho peor: un golpe directo a la democracia.
Hay que recordar que no son las instituciones las que fallan sino quienes las componen. En Colombia hay una amarga costumbre de no asumir las responsabilidades individuales. Un ministro, un magistrado, un alto funcionario que es denunciado por hechos graves, en vez de asumir con entereza lo sucedido, esgrime por lo general la ya consabida tesis del complot y permite de esta forma que la entidad que representa se pudra lentamente mientras avanza el proceso en su contra.
Hay que decirlo con claridad: no es la reputación de la Corte Constitucional la que está en juego sino la de algunos de sus magistrados, quienes tienen mucho por qué responder. Y por eso, en pro de que la Corte Constitucional que preside no sucumba, el magistrado Pretelt debería renunciar a su cargo. No es decoroso que el presidente de un alto tribunal combine su labor como alto funcionario judicial con la figura de investigado. Sí, es cierto que no ha sido condenado y que apenas se está abriendo el proceso investigativo, pero el prestigio de una alta corte está mucho más allá de un asunto procesal.
Existe un antecedente: el exmagistrado Henry Villarraga, se recordará, renunció a su cargo tras las denuncias en su contra por supuestos ofrecimientos al coronel (r) Róbinson González del Río. Villarraga no ha dejado de decir que es inocente y ha recordado, como hoy ocurre con Pretelt, que el proceso, al final, fue fallado en contra del supuesto implicado. Pero, de nuevo, si el Consejo Superior de la Judicatura se vio duramente afectado por lo sucedido con Villarraga, ¿cómo estaría si éste no se hubiera retirado?
Esto no significa violar la presunción de inocencia del magistrado Pretelt. El presidente de la Corte tiene todo el derecho a defender su inocencia y a contrariar las acusaciones que se le hagan. También, a revelar el complot que, dice, hay en su contra y que lidera supuestamente el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien, de paso, tendrá que responder a una serie de cuestionamientos como, por ejemplo, ¿por qué no alertó antes sobre los supuestos ofrecimientos a Pretelt? ¿Por qué esperó hasta la semana en la que se iba a elegir presidente de la Corte para dar a conocer su denuncia?
De nuevo, empero, el mensaje es claro: las responsabilidades y los problemas individuales no pueden ni deben afectar a la institucionalidad, la confianza que se tiene en la Corte Constitucional, que para muchos es el tribunal legal por excelencia y honor. Lo dice el propio magistrado Mauricio González Cuervo en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones: “Se trata de hechos graves que pueden llegar a comprometer aún más la confianza ciudadana en la administración de justicia, idealmente fundada en la integridad de sus jueces, y con mayor exigencia, en la insospechable probidad de los magistrados que integramos los órganos límite de la jurisdicción”.
Para que esta no se siga comprometiendo, hay que asumir el proceso con entereza, incluso si eso implica la renuncia de un magistrado. Los magistrados pasan, las instituciones deben prevalecer.
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