La determinación de los entes judiciales de poner una vez más bajo su lupa las alianzas entre reconocidos políticos de Córdoba, Cauca y Caldas con grupos de autodefensa es un paso en la dirección correcta.
Esta vez los investigados son Juan José Cháux, ex gobernador del Cauca; Zulema Jattin, senadora del Partido de la U, y Jairo Alberto Llano, representante del Partido Liberal. El primero fue señalado por alias H.H. y alias El Alemán de tener vínculos con el bloque Calima de las autodefensas. Vínculos que, según versiones libres que publicó este diario ayer, van desde la asistencia de Cháux a reuniones con los paramilitares, hasta su desempeño como jefe político de esta agrupación. Si bien las indagaciones aún no pueden confirmar estas afirmaciones, es urgente que el proceso judicial que se le adelante a Cháux ayude a develar cuáles fueron los políticos y empresarios del Cauca y el Valle del Cauca que estuvieron detrás de la “importación” de autodefensas a esta región, según lo venía confesando H.H. antes de ser extraditado.
La captura de Jairo Alberto Llano se enmarca en la fuerte influencia de Ernesto Báez y el bloque Cacique Pipintá en la política caldense, que llegó incluso a crear distritos electorales para repartir la votación del departamento en las listas afines a las autodefensas. Estos hechos también tienen hoy presos a los congresistas Dixon Tapasco y Emilio Ángel Barco. Pero en el caso de Llano, estas acusaciones son menores al lado de las denuncias que lo señalan de ser el responsable de 11 homicidios de personas que tendrían información para vincularlo con las autodefensas.
En cuanto a Zulema Jattin, la captura se produce por acusaciones de Salvatore Mancuso y Rocío Arias de haberse beneficiado política y económicamente de la presión ejercida por las autodefensas. Con Jattin ascienden a cinco los senadores de Córdoba encarcelados por la parapolítica, a los que se suma la reciente renuncia de Julio Manzur. El que todos los senadores investigados de este departamento formen parte de fuerzas políticas distintas —Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical y Colombia Democrática— demuestra que en Córdoba la política exitosa sin paramilitarismo fue una fórmula prácticamente inexistente.
El oportuno impulso de la Corte y la Fiscalía llega en momentos en que ha quedado claro que el Congreso poco está haciendo para evitar que los líderes encarcelados por la parapolítica se mantengan vigentes en las contiendas electorales regionales y nacionales. Ya discutimos, en este mismo espacio, las razones por las que la reforma política que avanza campante en su aprobación no es un mecanismo efectivo para blindar las elecciones y los partidos de la influencia de actores ilegales. La insistencia en hacer inmediata la figura de la silla vacía —insistencia hecha por especialistas, formadores de opinión, académicos, organizaciones civiles y uno que otro congresista— pasó de agache por completo. Y ello en un Congreso en el que más de 80 congresistas elegidos en 2006 son investigados por sus presuntos vínculos con la parapolítica.
Esto, sumado a las declaraciones del jefe del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo, acerca de su deseo de revivir la figura de la inmunidad parlamentaria, pone a pensar si la Rama Judicial —y no la Legislativa— es la que realmente puede provocar los cambios trascendentales que requiere la política del país.
Por El Espectador
