Los Nule y el sistema legal colombiano

Porque ellos “se apropiaron de dineros públicos que el IDU les dio para tres obras públicas de la ciudad”, como diría el juez 38 de conocimiento de Bogotá en la audiencia que presidió, y que, por más normal que suene, revela el drama latente de corrupción que vive el país. Una condena de 90 meses en prisión para Manuel, Miguel y Guido Nule, en conjunto con una multa de $10.042 millones —para cada uno—, por el delito de peculado que aceptaron en un preacuerdo con la Fiscalía.

En los otros delitos no contaron con tanta suerte: la Fiscalía negó el principio de oportunidad para éstos (concierto para delinquir, concusión, fraude procesal y falsedad en documento) y, si se da la eventualidad de que sean condenados también por ellos, habrá un aumento relativo de la pena, teniendo en cuenta que en Colombia los años de condena no se suman aritméticamente, sino ateniéndose a las normas de acumulación y a la discreción del juez.

Dejando a un lado estas especificidades procesales, la condena ha causado una indignación generalizada: en las redes sociales y en los comentarios de la ciudadanía, sobre todo, se ha hecho sentir de una manera muy fuerte. Y no es para menos; a juicio de los expertos consultados por este diario, a los Nule les rebajaron a la mitad la pena de 15 años que se da como resultado del peculado (la Fiscalía, en el preacuerdo, puede disminuir la pena “hasta” la mitad, pero no necesariamente la mitad exacta, así que pudo ser muy laxa en su proceder), y ya han pagado una parte de la condena. Es posible, además, que por buena conducta y otros actos, el juez que siga el caso resulte reduciéndola mucho más.

Tal vez suena como una frase de cajón —que por ello no deja de ser cierta—, pero consideramos insólito que en este país una persona que paga en una tienda con un billete falso de $50.000 tenga una condena similar a la de una que ha hecho un robo multimillonario al erario. Lo es, así mismo, el monto de la multa impuesta. Así sea individual, $10.042 millones por cada uno es una cifra que suena risible al lado de los contratos que ellos estaban en mora de ejecutar: como el de 2007, con un manejo irregular de $44.500 millones, o como el de 2008, con uno de $17.724 millones, o como el último de $4.222... en fin. La llama de la indignación se aviva aún más cuando se sabe que la defensa de los Nule pidió una mayor rebaja, ya que, dicen, sus clientes habían devuelto $24 mil millones; la petición, en hora buena, fue negada por el juez, debido a que fue la aseguradora, y no ellos, quien canceló el monto.

Por lo visto, y de lo que de este caso se trasluce, el sistema legal colombiano aún no tiene una coherencia interna en la imposición de penas y de rebajas. Si bien la rebaja es necesaria a la hora de acceder a la verdad (los testimonios de los Nule, como ha dicho la Fiscalía, son fundamentales para saber qué pasó en el caso de Samuel Moreno), los sistemas de derecho de otros países (tal es el caso de Estados Unidos o algunos países de Europa), que es de donde, muchas veces, se importan los modelos para aplicar acá, tienen mucho mejor definidas estas cuestiones.

Por ahora, pensar que un caso de corrupción de miles de millones de pesos sea equivalente en la pena (mas no en la eficacia de la investigación, ni en la del juicio) a un delito menor (como el mencionado previamente) es algo que nuestros hacedores de políticas públicas, así como los miembros del sistema judicial, deberían pensar con seriedad.