Los Nule y la justicia

Según ha dicho Miguel Nule, para ganar la licitación de la Fase III de Transmilenio, su grupo tuvo que aceptar la participación del legislador y su hermano, el alcalde Samuel Moreno, en el 6% del valor total del contrato y también del exrepresentante Germán Olano y del contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, en otro 2%. Esto, además de la exigencia de $3.500 millones, que serían repartidos entre varios funcionarios de la administración distrital, y el uso exclusivo de las zonas dispuestas para estaciones de gasolina para una empresa de la familia Moreno Rojas. Bajo la mira de los entes de control han caído también el contratista Emilio Tapia, el exalcalde Lucho Garzón, la exdirectora del IDU Liliana Pardo y otros varios funcionarios y asesores.

La lluvia de nombres que investiga hoy la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ofende, sin duda, a la opinión pública. Y eso que apenas se investiga el caso de Bogotá y no se ha comenzado a desentrañar el mismo  escándalo en el nivel nacional. No obstante, indigna más el letargo y la timidez de las autoridades para enfrentar a los miembros del Grupo Nule, que hoy se presentan públicamente como simples víctimas. Es, por ejemplo, una negligencia imperdonable que se haya permitido la salida de los Nule del país y ahora nos veamos en la indignante tarea de ver sus declaraciones, vía Skype, desde su casa en Miami, mientras en Colombia se buscan sus bienes, de dudosa recuperación, para cubrir algo del desfalco. La deportación es un proceso sencillo que por motivos preventivos un país le puede pedir a otro y consiste sólo en detener a los sujetos solicitados en su aduana obligándolos a devolverse al país de origen. Como ya entraron, de manera legal, a otro país habrá ahora que esperar hasta que se les imputen cargos para pedir a la Interpol que los detenga y a EE.UU. que los extradite.

De resto, no hay otra opción que esperar a que la Fiscalía adelante un proceso cuidadoso y —pese al afán de resultados— largo, pues el nuevo sistema penal acusatorio no permite, como sucedía antes, que las pruebas se aporten durante la investigación, sino que se requiere que se presenten todas en el momento de iniciado el juicio. Es por ello comprensible la prudencia con la que la Fiscalía General ha adelantado el caso y no estaría de más que se tome el tiempo necesario —no excesivo— para asegurarse de que los protagonistas del escándalo de corrupción más grande de los últimos años respondan, como deben, ante la justicia. Muy mal parado quedaría el sistema acusatorio si este proceso se les termina deslizando entre los dedos. Un gran reto tiene por ello Germán Pabón Gómez, nuevo fiscal designado y sobre quien, dada la inmadurez del proceso, recaerá su éxito o su fracaso.

Mal manejadas las cosas al comienzo se espera que, por lo menos, se corrija el curso y, con menos protagonismo mediático y sí más judicial, se logre arreglar lo que dejaron torcer en primer lugar. Arreglo en el que no parecería tener sentido ningún principio de oportunidad para los dueños del Grupo Nule. Esta figura fue pensada para perdonar a los peces chicos y así capturar a los gordos, desmantelando con ello grandes redes criminales. El papel protagónico de los Nule en la estafa a las arcas del Estado no está en duda. No se trata de colaboradores menores y si se tiene en cuenta que los dineros, con todo y los esfuerzos de la contralora general, seguramente no serán recuperados, lo último que espera la opinión pública, y que difícilmente perdonaría, es que, por argucias leguleyas, terminen impunes.