Los Nule y la 26

El consorcio encargado de la obra, Transvial, de propiedad del controvertido grupo empresarial Nule, debe responder por el 70% del recorrido, cerca de 13 kilómetros. A la fecha, y pese a que la entrega de la troncal estaba programada para diciembre de este año, calculan los expertos que estamos ante un inaudito atraso del 50%.

Como era de esperarse ante tan precarios resultados, las partes involucradas se han enfrascado en una discusión de la que, como es obvio, sólo sale afectada la ciudadanía.

El grupo Nule declaró en una entrevista con la revista Cambio que la culpa de todo el retraso la tiene el IDU en un 150%. Según los hermanos Guido y Miguel Nule, la tardanza en la entrega de los diseños explica el que las obras se encuentren quietas o se realicen con un pequeño número de trabajadores. Tan es así, dicen, que por culpa de las presuntas demoras del Distrito su grupo empresarial presenta un déficit de $69.000 millones.

Antes que afectada por el incumplimiento en los plazos y las molestias que acarrean los trancones, que no las obras, la ciudadanía estaría, entonces, en mora con el consorcio Transvial. Y ello no obstante haber recibido un cuantioso anticipo —figura que no suele ser convencional en países en los que la contratación pública se hace con mayor rigor— que el Contralor cifró en $98.000 millones.

La temperatura del debate subió de tono tan pronto el grupo empresarial, en aras de una reactivación del ritmo de las obras, presentó junto a la aseguradora Segurexpo tres alternativas que no convencen a la alcaldía de Samuel Moreno: ceden el contrato a un tercero, lo ceden parcialmente o  lo mantienen, pero  debe ser fortalecido financieramente.

En hora buena el Distrito tomó las riendas del asunto y se decidió por iniciar un proceso para decretar la caducidad o ponerle fin al contrato con Transvial. Seguimos a la espera de cuál será el resultado de este pleito, pero alienta saber que, por lo pronto, la jactanciosa forma con que el grupo Nule ha querido pasar de agache en este escándalo no quedará impune.

Con todo, no debe obviarse que al mismo grupo le fueron adjudicadas dos de las tres zonas de mantenimiento de la malla vial bogotana. En el IDU, que es también el directo responsable de escoger a los contratistas mejor preparados, tienen mucho por explicar. No basta con que se diga que hubo un incumplimiento si no se explica por qué se le dio tan jugoso contrato a un grupo insolvente.

Por lo demás, ya los propios Nule han dicho que continuarán con su interés en financiar políticos. Una práctica que no es ilegal en Colombia, pero que bien valdría algún tipo de sanción en casos en los que todo sugiere un negocio redondo: se ganan millonarias licitaciones que no se pueden cumplir, con el Distrito o con el Estado, se modifican contratos, se incurre en atrasos y para ejecutar obras se piden adelantos. Al respecto, todavía estamos a la espera de que el grupo Nule cancele la totalidad de la deuda que tiene pendiente con la Dirección Nacional de Estupefacientes después de que la Nación le acordara un crédito de $28.000 millones para garantizar la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot.

El consorcio encargado de la obra, Transvial, de propiedad del controvertido grupo empresarial Nule, debe responder por el 70% del recorrido, cerca de 13 kilómetros. A la fecha, y pese a que la entrega de la troncal estaba programada para diciembre de este año, calculan los expertos que estamos ante un inaudito atraso del 50%.

Como era de esperarse ante tan precarios resultados, las partes involucradas se han enfrascado en una discusión de la que, como es obvio, sólo sale afectada la ciudadanía.

El grupo Nule declaró en una entrevista con la revista Cambio que la culpa de todo el retraso la tiene el IDU en un 150%. Según los hermanos Guido y Miguel Nule, la tardanza en la entrega de los diseños explica el que las obras se encuentren quietas o se realicen con un pequeño número de trabajadores. Tan es así, dicen, que por culpa de las presuntas demoras del Distrito su grupo empresarial presenta un déficit de $69.000 millones.

Antes que afectada por el incumplimiento en los plazos y las molestias que acarrean los trancones, que no las obras, la ciudadanía estaría, entonces, en mora con el consorcio Transvial. Y ello no obstante haber recibido un cuantioso anticipo —figura que no suele ser convencional en países en los que la contratación pública se hace con mayor rigor— que el Contralor cifró en $98.000 millones.

La temperatura del debate subió de tono tan pronto el grupo empresarial, en aras de una reactivación del ritmo de las obras, presentó junto a la aseguradora Segurexpo tres alternativas que no convencen a la alcaldía de Samuel Moreno: ceden el contrato a un tercero, lo ceden parcialmente o  lo mantienen, pero  debe ser fortalecido financieramente.

En hora buena el Distrito tomó las riendas del asunto y se decidió por iniciar un proceso para decretar la caducidad o ponerle fin al contrato con Transvial. Seguimos a la espera de cuál será el resultado de este pleito, pero alienta saber que, por lo pronto, la jactanciosa forma con que el grupo Nule ha querido pasar de agache en este escándalo no quedará impune.

Con todo, no debe obviarse que al mismo grupo le fueron adjudicadas dos de las tres zonas de mantenimiento de la malla vial bogotana. En el IDU, que es también el directo responsable de escoger a los contratistas mejor preparados, tienen mucho por explicar. No basta con que se diga que hubo un incumplimiento si no se explica por qué se le dio tan jugoso contrato a un grupo insolvente.

Por lo demás, ya los propios Nule han dicho que continuarán con su interés en financiar políticos. Una práctica que no es ilegal en Colombia, pero que bien valdría algún tipo de sanción en casos en los que todo sugiere un negocio redondo: se ganan millonarias licitaciones que no se pueden cumplir, con el Distrito o con el Estado, se modifican contratos, se incurre en atrasos y para ejecutar obras se piden adelantos. Al respecto, todavía estamos a la espera de que el grupo Nule cancele la totalidad de la deuda que tiene pendiente con la Dirección Nacional de Estupefacientes después de que la Nación le acordara un crédito de $28.000 millones para garantizar la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot.