Los olvidados

Un fenómeno que no es nuevo y que tuvo su origen hace más de 60 años, en la época apodada como la Violencia. De allá para acá, casi sin pausa, hemos visto las ciudades llenarse de personas que, buscando un mejor porvenir, encontraron hostilidades e infiernos burocráticos para salir adelante. Encontraron la marginalidad.

De acuerdo con las cifras, que varían dependiendo de quién las dé, el nivel de desplazamiento creció en términos de expulsión y recepción al inicio del año 2000. Y de ahí para adelante. Amenazas directas, masacres, asesinatos familiares, combates, asesinatos de amigos, amenazas indirectas, son los factores que, en su orden, sacan a las personas de sus tierras. Por lo menos a las que están registradas ante los programas gubernamentales.

Por mucho tiempo la negación estatal fue la conducta dominante. Los desplazados tenían que enfrentar no solamente las condiciones infrahumanas a donde llegaban, sino también la falta de reconocimiento. Eso fue cambiando. Pero no hay duda de que esta población fue, durante mucho tiempo, la más olvidada de todas.

La Corte Constitucional cambió la situación. Los reconoció mediante una sentencia ambiciosa, la T-025 de 2004, que cubrió la ausencia de políticas públicas y movió las fichas para que los gobiernos nacionales y locales empezaran a despertarse y a gestionar una serie de medidas que ayudaran a dicha población: mesas de trabajo, unidades de atención, programas variados. Al mismo tiempo puso en evidencia el trabajo de organizaciones que investigaban sobre ello: impunidad, derechos desatendidos, población, cifras.

Sin embargo, debido a que la situación no se ha solucionado, hay que seguir sumando esfuerzos para que las políticas públicas hacia los desplazados no se acaben. En un fallo reciente la Corte Constitucional ordenó una inspección judicial a la Dirección de Registro y Gestión de Información de la Unidad de Víctimas del Gobierno. En ella, dos magistrados auxiliares deberán verificar las actuaciones que hasta el día de hoy se han realizado en alrededor de 150 hechos de desplazamiento ocurridos entre el año pasado y este. El fallo dice que hay un “retroceso” en la atención.

Perfecto que después de 10 años de promulgada la sentencia que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional —vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales— para esta población, y después de varios autos que pretenden hacerle seguimiento a la política, se ponga en cintura a quienes tienen una responsabilidad en la atención de derechos. No puede ser que después de una gestión medianamente ordenada se presente una desarticulación entre los entes territoriales y la Nación. Está más que bien que este tipo de seguimientos se hagan, que se verifiquen las cosas y que se presenten informes de rendición de cuentas.

Pongamos por ejemplo el caso de la comunidad embera, que tuvo un desplazamiento masivo entre finales de 2012 y enero de este año, y ya despertó la preocupación, incluso, del secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla Coronado, quien convocó el día de ayer una mesa de concertación para discutir la política pública de atención.

Y así en 15 departamentos, según lo que dice la Corte. Si hace falta más coordinación, si se necesitan nuevos lineamientos normativos o protocolarios, si es urgente realizar políticas de emergencia, empecemos entonces desde ya. No podemos darnos el lujo de hacer invisible un problema que está en nuestras narices.

Un fenómeno que no es nuevo y que tuvo su origen hace más de 60 años, en la época apodada como la Violencia. De allá para acá, casi sin pausa, hemos visto las ciudades llenarse de personas que, buscando un mejor porvenir, encontraron hostilidades e infiernos burocráticos para salir adelante. Encontraron la marginalidad.

De acuerdo con las cifras, que varían dependiendo de quién las dé, el nivel de desplazamiento creció en términos de expulsión y recepción al inicio del año 2000. Y de ahí para adelante. Amenazas directas, masacres, asesinatos familiares, combates, asesinatos de amigos, amenazas indirectas, son los factores que, en su orden, sacan a las personas de sus tierras. Por lo menos a las que están registradas ante los programas gubernamentales.

Por mucho tiempo la negación estatal fue la conducta dominante. Los desplazados tenían que enfrentar no solamente las condiciones infrahumanas a donde llegaban, sino también la falta de reconocimiento. Eso fue cambiando. Pero no hay duda de que esta población fue, durante mucho tiempo, la más olvidada de todas.

La Corte Constitucional cambió la situación. Los reconoció mediante una sentencia ambiciosa, la T-025 de 2004, que cubrió la ausencia de políticas públicas y movió las fichas para que los gobiernos nacionales y locales empezaran a despertarse y a gestionar una serie de medidas que ayudaran a dicha población: mesas de trabajo, unidades de atención, programas variados. Al mismo tiempo puso en evidencia el trabajo de organizaciones que investigaban sobre ello: impunidad, derechos desatendidos, población, cifras.

Sin embargo, debido a que la situación no se ha solucionado, hay que seguir sumando esfuerzos para que las políticas públicas hacia los desplazados no se acaben. En un fallo reciente la Corte Constitucional ordenó una inspección judicial a la Dirección de Registro y Gestión de Información de la Unidad de Víctimas del Gobierno. En ella, dos magistrados auxiliares deberán verificar las actuaciones que hasta el día de hoy se han realizado en alrededor de 150 hechos de desplazamiento ocurridos entre el año pasado y este. El fallo dice que hay un “retroceso” en la atención.

Perfecto que después de 10 años de promulgada la sentencia que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional —vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales— para esta población, y después de varios autos que pretenden hacerle seguimiento a la política, se ponga en cintura a quienes tienen una responsabilidad en la atención de derechos. No puede ser que después de una gestión medianamente ordenada se presente una desarticulación entre los entes territoriales y la Nación. Está más que bien que este tipo de seguimientos se hagan, que se verifiquen las cosas y que se presenten informes de rendición de cuentas.

Pongamos por ejemplo el caso de la comunidad embera, que tuvo un desplazamiento masivo entre finales de 2012 y enero de este año, y ya despertó la preocupación, incluso, del secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla Coronado, quien convocó el día de ayer una mesa de concertación para discutir la política pública de atención.

Y así en 15 departamentos, según lo que dice la Corte. Si hace falta más coordinación, si se necesitan nuevos lineamientos normativos o protocolarios, si es urgente realizar políticas de emergencia, empecemos entonces desde ya. No podemos darnos el lujo de hacer invisible un problema que está en nuestras narices.