Los prejuicios contra el Tribunal de Paz

El Espectador
01 de octubre de 2017 - 02:00 a. m.
Insistir en que los jueces no tengan posiciones políticas previas no sólo es ignorar una verdad esencial sobre la naturaleza humana, sino que demuestra un desconocimiento de cómo actúan las personas que ejercen la magistratura. / Pixabay
Insistir en que los jueces no tengan posiciones políticas previas no sólo es ignorar una verdad esencial sobre la naturaleza humana, sino que demuestra un desconocimiento de cómo actúan las personas que ejercen la magistratura. / Pixabay

Tan pronto se anunciaron los magistrados del Tribunal de Paz, piedra angular de ejecución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), empezaron a llover las críticas contra los seleccionados. Desde la izquierda, por ejemplo, hubo voces que expresaron inconformidad con la presencia de personas que hicieron parte de la Justicia Penal Militar. La derecha, por su parte, la emprendió contra personas como Rodolfo Arango, argumentando que sus múltiples columnas y participaciones en debates públicos, donde sentaba posiciones sobre distintos temas, demostraban una JEP politizada. Esta situación es prueba de los prejuicios prematuros que hay contra la justicia transicional y les reitera a los magistrados la carga pesada que tienen de dotar de legitimidad al naciente Tribunal.

Insistir en que los jueces no tengan posiciones políticas previas no sólo es ignorar una verdad esencial sobre la naturaleza humana, sino que demuestra un desconocimiento de cómo actúan las personas que ejercen la magistratura.

Sobre lo primero, es evidente que no hay personas neutrales, sin sesgos ideológicos. Es inevitable que personas que, por mencionar un ejemplo, han dedicado su vida a la academia no hayan tomado partido sobre temas álgidos. El prejuicio, no obstante, es asumir que tener una opinión significa imponerla por sobre todas las demás consideraciones.

Ahí entra la realidad de los jueces. Todos los magistrados saben que, al dedicarse al ejercicio del derecho, tienen la obligación de supeditar su actuar a reglas establecidas previamente (la ley, la Constitución, el derecho internacional, etc.). Además, todo está mediado por raciocinios que deben explicarse en la lógica. Para la muestra un botón: abundan los magistrados de la Corte Constitucional colombiana que, pese a tener raíces religiosas, en ejercicio de su función han respetado el precedente del tribunal constitucional y el mandato que la Carta Política dio sobre la protección de las libertades individuales. La justicia sí puede ejercerse sin responder a las lógicas polarizantes de la política nacional.

Por supuesto, el elefante en la habitación son los casos recientes de corrupción que empantanan la reputación de nuestras cortes, así como una estrategia sistemática de sectores políticos que durante años han insistido en que el sistema jurídico emprendió una persecución ideológica en su contra.

Pero, ante eso, hay motivos para confiar en la JEP. Para empezar, el Comité de Escogencia llevó a cabo el proceso de selección de magistrados más transparente en la historia del país. Todos los colombianos pueden observar con claridad cuáles fueron los criterios de selección y las características de los seleccionados.

En su futuro actuar, los magistrados del Tribunal pueden ayudar a la legitimidad de la justicia transicional manteniendo ese compromiso con la transparencia. Una medida necesaria es tratar a todos los actores del conflicto con el mismo rasero, que nadie pueda hablar de preferencias ni desequilibrios. Por la cantidad de hechos que tendrá que entrar a estudiar el Tribunal, será necesario que se implemente un sistema de priorización de casos, y los magistrados deberán explicarle al país el porqué de sus decisiones. La prioridad entonces debe estar en evitar los vicios de la justicia ordinaria para que las actuaciones demuestren sin lugar a dudas su pulcritud.

Por lo anterior, es prematuro juzgar desde ya a los magistrados elegidos. El mundo entero estará pendiente de sus actuaciones, otro motivo más para que demuestren que se puede ejercer justicia alejada de la política.

La JEP no ha comenzado. Insistir en sabotearla es sucumbir ante el miedo de los prejuicios. ¿Por qué no esperar a ver si podemos tener una justicia transicional que le aporte a la reconciliación y esté a la altura del reto que representa este momento histórico?

 

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Por El Espectador

 

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