Uno de los puntos más álgidos, y que más retórica política ha tenido alrededor, es el de la modificación en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que dejó de funcionar como lo venía haciendo. Ahora, en vez de haber una lista de medicamentos incluidos, lo que existe es una lista de exclusiones. En la práctica, entonces, cada médico puede tomar la decisión de recetar el medicamento o tratamiento que considere más apropiado, a menos que haya sido excluido. Esto, que se ha entendido en algunos sectores como un triunfo en los derechos de los pacientes, ha generado miedos y problemas de implementación que todavía persisten.
Primero hay que entender cómo funciona la ley. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó en su blog que “las exclusiones deben cumplir al menos uno de los criterios establecidos en la ley (ser experimentales, no efectivas, no autorizadas, prestadas en el exterior o con fines meramente estéticos) y deben estar antecedidas de una discusión pública, primero, por un grupo técnico-científico, y luego, por los pacientes afectados”. Además, el nuevo sistema también tiene un mecanismo que “evalúa algunas tecnologías y decide, con base en su efectividad relativa y su costo, si la tecnología en cuestión entra o no al sistema”, lo que garantiza que se vayan incluyendo los avances de la ciencia a medida que sea responsable hacerlo.
Esa norma, que tiene mucho sentido, se enfrenta a trabas de implementación por un sistema colapsado, sin recursos y donde la negligencia de las EPS se ha convertido tristemente en la norma. Si había problemas de incumplimiento con el POS antiguo, que tenía una lista limitada, qué se puede esperar que sucederá bajo el nuevo régimen.
Los prestadores del servicio, además, han expresado su preocupación. Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo), dijo que “ojalá esto no se convierta en un desengaño para todos por la falta de recursos. Entra, en rigor, en un sistema con desequilibrio financiero evidente” y que siguen “asustados” por cómo se vaya a definir qué se excluye y qué no. Algunos médicos han denunciado que todavía no hay forma de cobrar tratamientos que no se encuentren en el sistema, así no hayan sido incluidos.
Este no es más que el nuevo capítulo de una política de salud que ha estado obstaculizada por la corrupción y por la “tutelitis”. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en el 2014 se presentaron cuatro acciones de tutela por minuto relacionadas con el derecho a la salud. Así es muy difícil pedirle al sistema que alcance un punto de equilibrio.
Por supuesto, y pese a la voluntad desde el Ministerio, el país no ha estado dispuesto a dar los debates más complicados sobre este tema. Uno de ellos es decidir, por el bienestar de todos, qué tratamientos se pueden incluir y cuáles no, es decir, hasta dónde puede resistir el sistema. La nueva ley busca avanzar en esa dirección, pero mientras ese debate no se dé en serio y persistan todos los demás problemas, es muy difícil pensar en que funcionará de manera apropiada.
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