Los TLC y la histeria colectiva

El tratado de libre comercio con EE.UU. entró en vigencia hace un año y cuatro meses, el de Canadá hace un año y unos días, y el de la Unión Europea hace un mes.

Todos estos acuerdos, sin excepción, contemplan una desgravación periódica de los bienes agrícolas. Una desgravación que, por lo mismo, no ha sucedido todavía: la amplia mayoría de nuestros productos cuentan con las mismas protecciones que traían desde hace décadas, y las seguirán teniendo, en algunos casos, hasta por 17 años. Cuando llegue el momento, estos acuerdos comerciales tendrán sus ganadores y sus perdedores, pero del agobio que vive hoy el campo no son culpables. Son un buen chivo expiatorio, sin duda, pero ¿ayudamos al agro perdiéndonos en el humo?

Los campesinos se quejan del precio de los insumos y fertilizantes, y tienen razón: es duro lidiar con los costos cuando cuatro grandes importadores controlan el mercado. ¿Por qué habrían éstos de competir y forzar la caída de los precios si pueden simplemente y de común acuerdo fijarlos? Y hasta ahora va el primer eslabón de la cadena. Después vienen los mayoristas y después los minoristas. Si el municipio está muy alejado, se cuelga una que otra tienda, y antes del campesino ya son cuatro los que se llevan una tajada. Es difícil mantenerse a flote con los costos de insumos y fertilizantes, pero más difícil es explicar cómo en esta crisis no se ha mencionado a la Superintendencia de Industria y Comercio. Su director, Pablo Felipe Robledo, debería estar rindiendo cuentas.

Los campesinos se quejan del contrabando y, de nuevo, porque cada quien conoce los males que lo afligen, tienen razón. El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, nos dice que es cierto. Y nos dice, además, que es grave. Tan sólo de arroz entran 80.000 toneladas de contrabando de Ecuador. Tantas toneladas no pasan la frontera ni en bicicletas, ni en botes, ni en camionetas clandestinas: se necesitan 2.000 tractomulas para transportarlas. La descomposición de nuestras instituciones fronterizas es muy profunda, muy seria y muy peligrosa: son ya cuatro los inspectores muertos. El director de la DIAN pide ayuda, pero la opinión pública lo ignora y también lo ignora el Gobierno. ¿Será que le conviene poco a la Unidad Nacional enfrentarse a ciertas maquinarias políticas? Tantas toneladas, es claro, no pasan con un par de sobornos.

Y, por último, los campesinos saben que no son competitivos y que necesitan ayuda. Es decir, que necesitan carreteras, porque les cuesta mucho transportar sus productos. Que necesitan apoyo para hacer los controles fitosanitarios, para implementar nuevas técnicas, para capacitarse. Y, sobre todo, que necesitan crédito. El país tiene que pensar rápidamente cómo va a construir una infraestructura a la altura de Ecuador o Perú, cómo va a conseguir el dinero para potencializar el IICA y cómo va a financiar el programa de Desarrollo Rural con Equidad, el reemplazo de AIS. Que este último haya caído en desgracia no significa que no necesitemos un programa de subsidios que sirvan para algo más que apagar incendios como los que, justo ahora, está repartiendo el Gobierno.

El país debe dejar de culpar a los TLC y revisar con urgencia el contrabando y las cadenas de distribución de insumos. Estas son dificultades que se podrían solucionar en menos de un año, si así se quisiera. Aunque sean más espinosos y largos, tiene que concentrarse también en los problemas estructurales e idearse formas de asociación para que la cooperación entre productores sea capaz de resistir la falta de competitividad nacional. Si no pasamos de la producción artesanal a la industrial no habrá chequera que resista las ayudas que el país tendría que girar. Permanecer en la histeria y maldecir el libre comercio es caer en prejuicios que ayudarán poco o nada a nuestros campesinos.

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Editorial

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