La majestad de la justicia

Bien lejanos están esos días en que los magistrados hablaban a través de sus providencias y no dejaban camino abierto para endilgarles tacha alguna por sus actuaciones públicas.

Bien distintos esos días de ayer a los bochornosos de hoy, en los que tenemos que lidiar cada tanto con los escándalos con que nos inundan a los medios de comunicación y a la sociedad toda, muchos de los cuales obedecen al pecado original con el que fue concebida la alta esfera judicial de nuestro sistema: la Constitución de 1991 concedió funciones electorales a los magistrados. Hoy esa mancha pone en el ojo del huracán (y casi en peligro de extinción) a las altas cortes.

No nos vayamos tan lejos, a los cruceros de engalanadas compañías al lado de una presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que luego resultaron elegidas dentro de la Rama Judicial, ni a las cuotas burocráticas con que la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo (y otras entidades) han venido consintiendo la voluntad de los togados. No, no tan lejos. Sólo hay que ver el espectáculo que montó la semana pasada el exmagistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla y las respuestas que a sus acusaciones dieron Alberto Rojas Ríos y Jorge Pretelt. Deplorable todo.

Cierto todo, por demás: a eso que dicen y señalan le hallamos mucha razón.

Tanto lo que dijo Pinilla a Blu Radio, que los magistrados traicionaron la misión constitucional que tienen, politizando la Corte Constitucional a la hora de sus dudosas elecciones, como lo que respondieron los directamente afectados: que eso era una afrenta general contra toda la institución y que él también ha sido parte de esa puerta giratoria que consiste en el reprochable principio “yo te elijo, tú me eliges” y beneficiado en el lío de las megapensiones. Todo es cierto. Quedan por tanto expuestas en esta pelea de comadres, tan indignas de probos magistrados, todas las irregularidades en el interior de la institución que debe garantizar nada menos que la eficacia práctica del Estado social de derecho que nos rige. Otros eran los días en que... En fin.

Pasemos la hoja. Hay más. La posible salida del presidente de la Judicatura, el magistrado Francisco Ricaurte, cuya elección tambalea por cuenta de una nulidad ante el Consejo de Estado (que estaría inspirada en borrar de tajo el mentado principio), así como la denuncia hecha por el mismo organismo sobre un presunto “hackeo” en contra de su expresidente el magistrado Gustavo Gómez Aranguren.

Esta situación de la alta esfera judicial ya está llegando a un límite intolerable. Tan cansados de ella estábamos hace dos meses que pedíamos desde estas líneas la revocatoria inmediata de todos los magistrados de las altas cortes. Eso mismo que viene promoviendo el columnista Ramiro Bejarano desde las páginas de opinión de El Espectador. Cómo hacerlo, decíamos, es una cuestión de carpintería. Y lo sostenemos. Lo urgente es detener el derrumbe de la justicia, que está al borde el abismo.

¿Y ante la negativa de tomar una medida drástica? ¿Dónde está, entonces, una reforma a la justicia? Llevamos dos años bien contados diciendo una decena de veces que el acceso a la justicia debe mejorarse en lo que más afecte al ciudadano: mecanismos expeditos que permitan una adjudicación de derechos más rápida y eficiente. Pero es urgente abrir una puerta para permitir el cambio, también, de los asuntos que tocan a las altas esferas. O si no, ¿quién da el ejemplo?

Otros fueron los días, ya decíamos, de la majestad de la justicia. De eso, hoy, nada.

 

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