Mal ejemplo

El Gobierno Nacional, por me-dio de su ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, presentó esta semana en rueda prensa una grabación en la que se oye al senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo llamando a la movilización social a un grupo de dirigentes sindicales en Córdoba.

 El audio, según el señor ministro, le llegó de manera anónima a su oficina en una memoria USB. No supo, declaró, de dónde había salido.

Dijo Lizarralde, sin sonrojo en el rostro, que lo que se escucha en la grabación es un asunto “antiético que raya con lo delictivo”. ¿No será al revés? ¿Que la conducta antiética que raya con lo delictivo es la suya al divulgar una conversación privada y, peor, de dudosa procedencia? Veamos.

Al senador del Polo se le oye decir lo siguiente: “el sindicato debería encabezar una movilización en Montelíbano. Voy a decir algo que es exagerado, pero lo hago para que me entiendan. Una movilización, incluso asociados con los ladrones, con los políticos, para que entreguen la plata de las regalías. ¿Qué culpa tiene el pueblo de Montelíbano, que no se ha robado un peso, de que haya ladrones?”.

Lo que hizo el ministro Lizarralde a continuación fue simple (y a su vez reprochable): divulgó esa conversación privada del senador y la presentó como muestra de conductas inmorales del congresista que conducían a los campesinos a hacer cierres de carreteras, a perjudicar a la comunidad.

El debate sobre si un senador de la República puede, o no, en sus conversaciones privadas, como lo hacemos todos y como por demás Robledo anuncia en su propia intervención que lo va a hacer, utilizar hipérboles, metáforas, frases fuertes, llamados políticamente incorrectos, es sin duda interesante. Pero el método utilizado por el ministro para plantearlo es sencillamente inaceptable.

Primero, porque la altura en el debate se pierde por completo, y ahí valdría decir que de esa responsabilidad no se escapa el senador Robledo. Como afirmó la presidenta de la Comisión Quinta del Senado —que es el escenario natural para que se den los enfrentamientos, razonados, entre Robledo y Lizarralde—: “veníamos en un debate jurídico-político y ha cambiado a un escenario muy extraño, con elementos que parecen personales”. Enfrentamiento personal que daña, del todo, los roles tanto de Gobierno como de oposición.

Pero el precedente es más grave todavía. Lo que hemos presenciando es a un Gobierno que con su ejemplo, ni más ni menos, está justificando como parte de la actividad política la grabación de conversaciones privadas y su filtración estratégica. ¿Es así como el Gobierno está planteando que se lleve a cabo el debate político en este país? ¿Es esa la manera como quiere que se lleve a cabo el proceso electoral que ya comienza? No puede ser.

En lugar de hacer pública esa información reservada para deslegitimar a su contradictor, la actitud correcta del Gobierno debió haber sido la preocupación y el cuestionamiento: ¿Quién lo grabó y por qué? ¿A quién le interesa que una conversación de este tipo llegue nada menos que al despacho del Ministerio al que Robledo ha venido cuestionando en su legítima labor de control político? ¿Acaso le hacen seguimiento a un senador de la República? ¿Hay micrófonos en su oficina? ¿Quién los instaló?

Merecemos esas explicaciones, y muchas más. Después de escándalos como el del DAS, es inconcebible que el Gobierno no sólo valide probables seguimientos a la oposición, sino que además pretenda sacar provecho político de ellos.

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